A día de hoy son unas mil las casas que ha engullido el volcán de Cumbre Vieja y varias las instituciones que han el dedo en la llaga sobre el urbanismo y la preparación del país ante riesgos naturales como estos.

«Las inmensas pérdidas materiales y el trágico efecto de la erupción sobre las vidas de los habitantes de la isla de La Palma hacen más necesario y urgente que nunca abrir el sobre la responsabilidad del Estado en caso de erupciones. En España disponemos del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico de 2013, pero nos falta conocer el alcance real y efectivo de su implementación». Este fragmento es parte del texto que el grupo parlamentario ERC presentó a la mesa del Congreso de los Diputados el 2 de septiembre a petición de Volcano Active Foundation. Anne Fornier, vulcanóloga y fundadora de este organismo tiene claro que los desastres no son naturales, sino construidos socialmente, a base de falta de preparación, prevención, mitigación, educación y monitoreo. Fornier cree que en general falta conciencia sobre los riesgos volcánicos a pesar de que cuando se producen grandes erupciones como la de 1815 en Indonesia las consecuencias se dejan sentir en todo el globo. Y apunta a que hasta 60% de los volcanes del mundo no están monitorizados con sistemas instalados en el suelo. «El episodio de Cumbre Vieja es comparativamente pequeño y, sin embargo, ha provocado innumerables daños personales. En La Palma ha faltado prevención como obliga el plan del 2013 y la urbanización ha sido un problema. Tiene que plantearse de otra forma. Hay que hacer mapas de los volcanes para determinar qué zonas se verán afectadas por las coladas de lava o por cenizas y hacer otro de vulnerabildiad en el que se especifique dónde vive la gente, si hay escuelas, dónde están ubicadas las tuberías de gas y de agua. Superponer ambos y modelizar para ver el grado de exposición por áreas. También hay que actualizarlo cada dos años y en general estos mapas no lo están», comenta la vulcanóloga.

«Canarias es una zona de riesgo volcánico elevado y la zona sur de La Palma un lugar peligroso para construir. Se tiene que asumir el riesgo zonificando bien las áreas de afectación y haciendo mucha pedagogía. La gente tiene que ser consciente de que existe un riesgo», opina Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG). Estos días desde el Colegio también se ha querido alertar de una situación que ocurre demasiado a menudo en España: la de urbanizar en terrenos de alto riesgo natural. «En el caso de La Palma, en la zona donde está actuando el volcán no tiene plan general de urbanismo, el urbanismo de allí es de una norma subsidiaria del 1987 porque el plan que habían intentado aprobar en Los Llanos lo tumbó el Tribunal Supremo. El tema de la urbanización y los riesgos geológicos sigue en nuestro país en mantillas» declaraba recientemente en la Cope.

La falta de mapas

Los riesgos naturales van desde volcanes (cuya erupción es bastante imprevisible) a terremotos o inundaciones. Sobre todo son estas últimas las que más estragos causan en España cada año. Solo por hacerse una idea, mientras el volcán de la isla de Palma «ha estado eruptando lava, ha habido episodios de inundaciones en Lepe, Castellón, Mallorca, Murcia y Valencia. Hemos recibido en este tiempo 17.000 reclamaciones de siniestros», explica Francisco Espejo, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Esta entidad, que se estrena en esto de los volcanes con el de Cumbre Vieja (ya ha recibido más de 40 solicitudes de indemnización) es una organización creada para cubrir riesgos extraordinarios como estos. En cada póliza de seguro de una vivienda, hay una pequeña cantidad que va a parar al Consorcio, que luego responderá ante calamidades como las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones e, incluso, los actos terroristas.

En los últimos 25 años, el 69% de los gastos que han tenido como entidad han sido destinados a cubrir daños por inundación. De hecho, también hace escasas semanas el ICOG pedía devolver a la naturaleza el suelo mal urbanizado (y lo mismo se está planteando con el futuro de isla de la Palma…) y recuerda que según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio de Transición Ecológica, en España existen 19.900 km de zonas inundables delimitadas y se estima que 2.733.000 habitantes viven en zonas inundables, siendo las demarcaciones de mayor riesgo las del Guadalquivir, Segura y Júcar. «En estos datos no se incluyen cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos, con lo cual si se hicieran todos los mapas de zonas inundables, alcanzaría a cinco millones de personas, el 10% de la población española», dicen en su web.

¿Existen mapas de riesgo? ¿Se adaptan los planes de urbanismo a ellos? La normativa desde el año 2008 es clara. Cualquier plan urbanístico debería contar con estos mapas de riesgo, pero la realidad va por otro lado. «O los mapas no están del todo bien hechos o las administraciones los interpretan de forma laxa. No se cumple la normativa. Los riesgos mínimos que debería estar mapeados son los de inundación, sismicidad y de volcanes en zonas activas. Digamos que los mapas nacionales existen, pero no contemplan esa parte humana que tiene en cuenta el grado de ocupación de un terreno y las actividades que se realizan en zonas peligrosas. Hay que adaptar esos mapas nacionales a la misma escala con la que se elaboran los planes urbanísticos en los municipios», explica Jorge Olcina, presidente de la Asociación Española de Geografía.

Si el mayor riesgo para nuestro parís son las inundaciones parece más que urgente revisar dichos mapas y «habría que sumar un nuevo mapa que no existe, el de los de temporales en la costa. En España la gota fría desde los años 80 ha aumentado su frecuencia un 15% y, además, ahora no solo se circunscribe al otoño», incide Olcina, que recuerda otro fallo de las leyes. «La Ley de Costas de 2013 prorrogó durante 75 años la ocupación del dominio público marítimo-terrestre ya existente. No se tuvo en cuenta el contexto climático y habría que revisarlo urgentemente» dice.

Para lo construido después de 2008 ya hay normativa aunque no se cumpla, pero ¿qué pasa con lo que de antes? En esos casos, no queda otra que prevenir. Ante posibles inundaciones, construir diques o zonas verdes, y en zonas de terremotos aplicar normas de construcción sismorresistentes. En Lorca, por ejemplo, se aprobó un primer Plan de Actuación de Ámbito Local frente al Riesgo Sísmico después del terremoto de 2011. Y es necesario empezar a educar a la población, como se ha hecho en Cádiz este año con el primer simulacro de tsunami.

Los eventos naturales más caros

Salvo el terremoto de Lorca, los diez acontecimientos extraordinarios más dañinos que se han producido en la Península han sido inundaciones o tempestades. «En los últimos 50 años el evento más costoso ocurrió en agosto de 1983, unas inundaciones en el País Vasco, Cantabria y Navarra, que costaron en indemnizaciones 842 millones correspondientes a más de 25.660 reclamaciones. La Tempestad Ciclónica Atípica Klaus, en enero de 2009, generó 265.243 reclamaciones en toda España y supuso un desembolso de 564 millones», dice el Consorcio de Compensaciones en su web. El terremoto de Lorca, en mayo de 2011, fue el tercer gran evento extraordinario más costoso del último medio siglo: 518 millones de euros.