El caudal ecológico del Tajo aviva la guerra del agua

En el Levante sin agua: desierto y paro» es el lema que esta semana ha llevado a miles de agricultores a protestar delante del Ministerio de Transición Ecológica( Miteco) en Madrid contra el establecimiento de caudalesecológicos en el Tajo y lo que para ellos es el inicio del fin del trasvase Tajo-Segura. Entre los convocantes, comunidades de regantes, representantes políticos y sindicatos agrarios de Almería, Alicante y Murcia. Presentes también las organizaciones del Campo de Cartagena y de la llamada «huerta de Europa», ya agobiados por la Ley del Mar Menor que, según los agricultores, les criminaliza de forma exclusiva de la contaminación de la laguna y les condena a desaparecer.

Los Planes Hidrológicos que el gobierno quiere aprobar con cierto retraso (deberían haber entrado en vigor el 1 de enero) fijan, por primera vez, unos caudales ecológicos para los ríos, es decir, establecen uno mínimo de agua que debe discurrir por los cauces y que no puede emplearse en industria o agricultura. Por tanto, no se podrían trasvasar. «Los planes del tercer ciclo plantean un cambio respecto a la utilización de los recursos hídricos; reducen las asignaciones de agua de los 28.000 hm3/año del segundo ciclo a 26.800», dice el Miteco. En el caso del Tajo se establece un caudal que aumentará de forma progresiva desde los actuales 6m3 por segundo a los 8,65 m3 en 2027. Y aquí es donde está el meollo del desencuentro. Para las comunidades de regantes del Levante este caudal se traduce en una pérdida de agua trasvasada hasta la cuenca del Segura y pone contra las cuerdas al sector agrario. Y es que según un estudio de la Universidad de Alicante este caudal supondrá perder 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería y 15.323 empleos.

Mientras, para diferentes organizaciones río arriba este caudal garantiza la supervivencia del Tajo. Alberto Fernández, responsable de política de Aguas de WWF considera que ya es hora de abordar con realismo los recursos hídricos existentes y cuestiona abiertamente la vigencia del modelo del trasvase. «La agricultura que esté condicionado por un trasvase tiene que adaptarse. La Directiva Marco del Agua establece que el trasvase, o sea extraer agua de una cuenca para llevarlo a otra, es la última posibilidad que se debería tener en cuenta para gestionar el agua. Sufrimos las consecuencias del cambio climático. Los recursos del Tajo han disminuido un 40%. La sociedad tiene que entender lo que es un caudal ecológico, es un indicador de la salud del rió y garantiza su supervivencia ». De hecho, en la zona conocida como mar de Castilla, muchos pueblos de Guadalajara «tienen que cubrir su suministro en verano con cisternas aún teniendo un embalse cerca. Mientras, ven como el agua se va para al trasvase. Hoy en día llueve menos que cuando se inició el trasvase. La situación ha cambiado», declara a este suplemento un vecino de la provincia.

Además, defiende las organizaciones conservacionistas y vecinales del Tajo, establecer caudales ecológicos es una obligación jurídica que responde a varias sentencias del Tribunal Supremo y que obligan a establecer caudales en todos los ríos de la Península. Para José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (A saja) de Alicante, sin embargo ,« la ministra nos engaña cuando dice que en base a la sentencia hay que aumentar el caudal hasta los 8,6 m . La sentencia no determina la cuantía, esta se tiene que justificar y la ministra no lo hace. La Ley 52/80 del trasvase de 1908 ya establecía un caudal mínimo ambiental de 6 m3 por segundo. Desde hace más de 40 años existe ese caudal».

Lo cierto esquela historia del trasvase va unida a la bronca política prácticamente desde su inició. En 1979 entraban en la cuenca del Segura las primeras aguas provenientes del Tajo (la infraestructura ya estaba propuesta desde tiempos de la República ). Se planificó para trasvasar 600 hectómetros anuales, en algunos momentos se habló de hasta 1.000, pero en la práctica de media la cantidad de agua trasvasada se ha situado en 330 hectómetros anuales. «Felipe González y José Borrell autorizaron un trasvase’ in extremis’ en 1995 para el regadío pese a que la cabecera del Tajo tenía los niveles más bajos de su historia. Entonces, Borrell no pudo sacar adelante un plan hidrológico que interconectara todas las cuencas. En la etapa de Aznar se alcanzó por primera y única vez los 600 hectómetros gracias a un ciclo húmedo de lluvias. En paralelo, aprobó el PHN con el Trasvase del Ebro. La idea era combinar ambos trasvases, pero el gobierno de Zapatero eliminó las transferencias del Ebro vía decreto, apostando por las desaladoras», recuerda un texto del periódico La Verdad. También las reservas de agua no trasvasa bles han aumentando independientemente del color del gobierno central hasta alcanzar los 400 hectómetros.

Tampoco la negociación de este ciclo de gestión del agua se salvan de la polémica. Uno de los últimos episodios tuvo lugar en Madrid a finales de noviembre. En la última del Consejo del Agua se llegó aun acuerdo que, sin embargo, parece haber cambiado. Los asistentes, consejeros de las diferentes CC AA en litigio por este asunto, y representantes del tercer sector se lamentaban de forma unánime del escaso tiempo que habían tenido para estudiar los diferentes planes hidrológicos y se hablaba de un acuerdo previo entre el gobierno y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el Consejo de Estado tiene ahora ante sí un nuevo documento, que rompe el acuerdo de entonces, y cuyo texto nadie tiene claro. Ese documento pasaría al Consejo de Ministros para su aprobación.

Desde el ministerio defienden el establecimiento del caudal ecológico de forma gradual para dar tiempo a las comunidades de Levante a organizarse y encontrar alternativas al trasvase. De hecho, afirman que hay una inversión prevista hasta 2027 de 1.100 millones de euros para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 para Almería destinadas a nuevas desaladoras o infraestructuras para la reutilización de agua.

La apuesta del gobierno por más desalación, sin embargo, no convence a los agricultores. El motivo: el precio del agua. El 1 de enero terminó el Decreto de Sequía que subvenciona el agua desalada y eso supone que el coste, según anuncios de la empresa pública Acuamed, suba hasta 1,40 céntimos por metro cúbico, tres veces más de lo que cuesta el agua del trasvase. «El agua desalada no es capaz de suplir el trasvase. La primera consecuencia de estas medidas es que los pequeños y medianos productores están reduciendo los cultivos, mientras que las empresas más potentes están desplazándose a otras zonas geográficas dentro o fuera de la Península», dice Marcos Alarcón secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.