Franco asume errores, pero anuncia que la Ley de Servicios Sociales llegará en mayo

La vicepresidenta defiende su gestión durante la crisis de la covid-19 y dice que si ha habido errores es porque “es una crisis nunca antes vivida”

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco
La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel FrancoAsamblea RegionalLa Razón

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha avanzado que se va a retomar la ley de Servicios Sociales de la Región y que “en mayo llegará al Consejo de Gobierno”. En ese sentido, ha anunciado que se han propuesto “acelerar” todos los trámites y “unificar” todas las prestaciones de Servicios Sociales en los municipios.

Según ha informado, se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de los distintos municipios para conocer las carencias, para ello destinan 6,1 millones del fondo estatal que permitirá la creación de 74 puestos de trabajo para reforzar la atención a más de 155.000 personas. "Una medida puntual que podría consolidarse con la ley de servicios sociales", ha matizado.

Franco, que ha comparecido en la Asamblea Regional a petición propia para informar sobre la gestión de su consejería en la crisis de la Covid-19, ha manifestado que en la Región se comenzó a actuar "días antes" de que se decretara el Estado de Alarma. No obstante, ha reconocido que se hayan cometido errores, pero lo achaca a que se trata de una crisis "nunca antes vivida, no existen planes, no hay un modelo a seguir y hemos tenido que habilitar recursos, en muchas ocasiones improvisando, pero es una improvisación marcada por las circunstancias", ha añadido.

La consejera ha reconocido que los recursos con los que se disponen son "insuficientes", por lo que ha planteado que se refuercen los servicios sociales con 35 millones de euros extra para combatir la pobreza energética, ayudar a las familias monoparentales y numerosas, ampliar en un millar los beneficiarios de la dependencia, duplicar la renta básica de inserción, destinar 2,5 millones para emergencias sociales, y un millón para reforzar las plantillas de las mancomunidades de Servicios Sociales y 250.000 euros para voluntariado y 550.000 euros extra para luchar contra la pobreza.

La titular de Política Social ha reiterado, en referencia a las críticas de algunos grupos parlamentarios, que no la encontrarán en la "confrontación política" y que al ser una crisis sanitaria "quien tenía que hablar era el responsable de Salud", ha matizado sobre las críticas por no hacer apariciones públicas en mes y medio.

Sobre su gestión ha reseñado que de las 107 residencias públicas que hay en la Región, solo se han registrado casos positivos por coronavirus en cinco de ellas. "Y a día de hoy quedan personas con el virus en cuatro de ellas", ha señalado.

En ese sentido, ha recordado que fue el 5 de marzo cuando se empezó a regular la entrada de familiares a las residencias y a controlar las visitas prohibiendo el acceso a quienes presentaran sintomatología, unas restricciones que ha puntualizado "se fueron ampliando a trabajadores también".

No obstante, desde el 28 de marzo se transfirieron, ha dicho, las competencias de las cinco residencias afectadas, Orpea (Cartagena), Altavida (Abanilla), Caser (Santo Ángel), la de Personas con Discapacidad (Churra) y la Manuel Campillo (Santomera), a la Consejería de Salud.

Entre las actuaciones realizadas figuran también la desinfección de estos edificios tanto en el interior como en el exterior de los mismos. Además, ha apuntado que han actuado para paliar la "soledad" de los residentes y poder ponerles en contacto con sus familias, para ello han repartido 21 tablets entre las 11 residencias que dependen del IMAS y han instalado la red WIFI en 8 residencias. Franco ha recordado que también se habilitaron dos líneas telefónicas , una que ya ha recibido 2000 llamadas para saber cuándo podrán realizar visitas a las residencias, y otro para reforzar el servicio de teleasistencia y ampliarlo a 515 personas dependientes.

RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN

En materia de Renta Básica de Inserción se ha aumentado el número de beneficiarios en 500 personas invirtiendo cerca de medio millón de euros durante el primer trimestre del año. Actualmente, según los datos de Franco, más de 4300 personas de la Región de benefician de la Renta Básica de Inserción. Se trata de una ayuda que pueden solicitar todas las personas que lleven cinco años residiendo en España, los últimos 12 meses en la Región de Murcia. "Ahora es más fácil que nunca solicitarla, por e-mail o por teléfono con una declaración responsable", ha advertido la consejera.

Durante su exposición, Franco ha recordado que se ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica para las familias que estará operativo hasta junio, ayuda a las víctimas de violencia de género y que se han adoptado otras medidas como la suspensión de los títulos de familias numerosas y la prórroga durante un año de las tarjetas de discapacidad.

En cuanto a los grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialis, Diego Conesa ha dicho a la consejera que "es tiempo de dar la cara y dejarse acompañar por quienes tenemos historia en la conquista de los derechos sociales".

El socialista ha expuesto la necesidad de "ir de la mano y aunar esfuerzos" para exigir al Gobierno nacional los recursos que le corresponden a la Región. No obstante, ha apuntado que es necesaria la coordinación entre administraciones públicas, "es tiempo de proponer y de reflexionar de manera crítica entre todos", ha dicho recordando las propuestas que su partido realizó al Gobierno regional como la de duplicar los beneficiarios de la Renta Básica de Inserción, el apoyo a las personas más vulnerables o el desarrollo de una política de atención que garantice la atención domiciliaria.

Desde VOX, Juan José Liarte, ha expuesto que su partido lucha por "una España de adultos trabajadores, orgullosos de su esfuerzo y humildes". Su partido asume que "la excepcionalidad de las circunstancias exigen medidas excepcionales". Liarte ha pedido "atención máxima a las familias" y que se dispongan de los programas "precisos" para ayudar a quienes pasan por dificultades.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha señalado que durante la crisis la ciudadanía "ha echado en falta una voz autorizada por parte del Gobierno regional sobre la situación en las residencias". Marín ha denunciado la situación de desprotección del personal de las mismas y ha criticado la "desaparición de la escena pública" de la consejera durante mes y medio.

Por parte de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha destacado la "anticipación y respuesta" de la Consejería frente a la crisis, señalando la "sintonía y colaboración con los 45 ayuntamientos de la Región, que va a permitirles gestionar directamente 6,1 millones de euros para apoyar a las familias" y ha puesto en valor la flexibilización de los requisitos para acceder a la Renta Básica de Inserción, "algo que nos va a permitir ampliar notablemente sus beneficiarios cuando más lo necesita nuestra sociedad".

Finalmente, la diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha apuntado que el Gobierno regional “ha ido un paso por delante” del Gobierno central en la gestión de la crisis. “La transparencia y la información directa ha sido una constante del Gobierno regional”, ha dicho criticando al Gobierno central por “un auténtico mar de contradicciones y retrasos injustificados en la toma de decisiones les han puesto en evidencia”.La ‘popular’ ha destacado la inversión de 27 millones a nivel regional en material sanitario criticando las promesas en material sanitario del Gobierno central “que no llegaba”. A su juicio, los enfrentamientos internos del Gobierno central “nos está perjudicando”.