Psicología
“Hay que incorporar a los psicólogos en el sistema educativo para prevenir la violencia de género”
El presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya, advierte que excluir la atención psicológica en menores puede tener un efecto “catastrófico” en su salud mental e, incluso, en su vida
El presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya, ha apostado por incorporar a los psicólogos y los programas de intervención psicológica con evidencias científicas en el sistema educativo para abordar la violencia de género y otras problemáticas.
También ha apostado por “reforzar la intervención psicológica en la Justicia, los Servicios Sociales, las Instituciones Penitenciarias y la Sanidad, tanto para atender a las mujeres y menores que sufren estas violencias, como con los agresores”.
“Hay que poner mucho más el foco y los esfuerzos con los hombres que agreden, para que dejen de hacerlo, y con la educación en general, para que dejen de ser dominantes las creencias machistas que están en la base de que algunos hombresse conviertan en maltratadores, fomentando emociones, creencias y estilos de relación más respetuosos e igualitarios”, ha aseverado.
Así lo ha hecho saber Santolaya en declaraciones a Europa Press con motivo de las ‘XII Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género. Incluyendo la perspectiva de Género en la Piscoterapia con Víctimas de Violencia Machista’ organizadas por el Consejo General de la Psicología de España y por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COP-RM).
Santolaya ha afirmado que el Consejo General de la Psicología afronta la celebración de estas décimo segundas Jornadas Estatales de Psicología contra la violencia de género con “compromiso y determinación”.
Ha recordado que ya son muchos años “preocupados y ocupados” en prevenir esas violencias de género, como demuestra que son las décimas segundas Jornadas Estatales, “procurando que no se produzcan esas violencias y que las personas que las sufren superen lo antes posible las secuelas psicológicas que producen,de tal manera que tengan el pleno control de sus vidas de una manera satisfactoria y saludable”.
Al ser preguntado por el punto de vista del Consejo General de la Psicología en torno a la atención y prevención de la violencia de género en los ámbitos de la psicoterapia, la educación, la justicia, el ámbito social y la intervención con agresores, Santolaya ha afirmado que la respuesta que podría dar es “muy amplia” y excede lo que puede responder en una entrevista. “Precisamente para ello celebramos estas jornadas”, ha señalado.
Acceso público a los Servicios de atención psicológica
En cuanto a la diferencia en el acceso público de la ciudadanía murciana a los servicios de atención psicológica con respecto a otras regiones, Santolaya ha afirmado que este tipo de asistencia se está empezando a facilitar en algunos servicios públicos como la Sanidad, los servicios sociales, los dispositivos contra la violencia de género y otros ámbitos.
Sin embargo, ha lamentado que, “desgraciadamente”, su “insuficiencia” es “un problema generalizado” en la Región de Murcia y en toda España. A su juicio, “hay que contratar a más psicólogas y psicólogos”.
“Solo en la Sanidad, para alcanzar la media europea de los países que prestan asistencia psicológica, nos faltan unos 7.000 psicólogos más en el Sistema Nacional de Salud”, según Santolaya. En Servicios Sociales, Justicia e Instituciones penitenciarias ha advertido que el déficit también es muy grande. En Educación, por ejemplo, reconoce que hay orientadores, pero además cree que “falta que se incorpore la figura del psicólogo también”.
Nueva ley de Servicios Sociales
El presidente del Consejo General de la Psicología se ha referido también a la nueva Ley de Servicios Sociales aprobada hace unos meses el Gobierno de la Región de Murcia, que “prescinde” de la labor del psicólogo y establece que “el único profesional de referencia del sistema será el trabajador social”.
A su parecer, según el caso que se esté abordando “hay que tener la flexibilidad de designar a uno u otro profesional que sea profesional de referencia”.
“Si una persona o familia presenta sobre todo problemáticas psicológicas, más que sociales o educativas, debe ser el psicólogo o psicóloga el profesional que asuma la principal responsabilidad de ayudarles”, ha señalado Santolaya, quien ha explicado que desde la Psicología se defiende “el trabajo en equipo multiprofesional, en beneficio de las personas”, en los Servicios Sociales y en todos los servicios públicos.
En su opinión, “no tiene lógica poner a unas profesiones por encima o debajo de otras, siempre, de manera general”. En los casos de violencia de género, que se da en todas las clases sociales y circunstancias educativas, ha afirmado que “resulta vital la atención psicológica”.
“Impedir que el psicólogo o la psicóloga sea el profesional que pueda asumir más responsabilidad en estos casos o, incluso, que se les pueda excluir en la valoración de los mismos, no tiene lógica y puede perjudicar la calidad de la atención que se presta desde los Servicios Sociales”, ha remarcado.
En este sentido, ha destacado que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valencia reconoce el papel del psicólogo y la psicóloga dentro del equipo multidisciplinar que debe actuar, permitiendo que, según el caso que se aborde, los equipos decidan qué profesional debe ser el que asuma más responsabilidad en la atención que se presta.
“Sin duda, la ventaja que aporta es garantizar que se presta una atención de más calidad, pues se pueden adaptar mejor las intervenciones a las necesidades que tengan las personas atendidas”, ha remarcado.
Al ser preguntado por las consecuencias que puede tener que el expediente de un menor no incluya la intervención psicológica en las situaciones dónde está en cuestión su interés superior y, por tanto, su desarrollo integral, Santolaya ha advertido que puede tener un efecto “catastrófico” en la salud mental e incluso la misma vida de los niños, niñas y adolescentes.
Por ejemplo, ha subrayado que “un aspecto fundamental es valorar la peligrosidad de los acusados de violencia de género, pues hay casos que terminan asesinando a su pareja, hijos e hijas”. “Una intervención psicológica a tiempo, desde los Servicios Sociales y la Justicia, es fundamental para prevenir los efectos más graves de la violencia de género”, según Santolaya.
“Dedicar más profesionales de la Psicología, más recursos para la investigación y formación psicológica en este campo, que permitan seguir incrementando la excelencia de nuestros servicios en este campo, es una cuestión literal de vida o muerte”, ha concluido.
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