Sin lluvias, la cuenca del Segura podría comenzar 2023 con restricciones al regadío en la Región de Murcia

La cuenca del Segura afrontará restricciones en el regadío a principios del año próximo de no producirse lluvias en las próximas semanas, según ha anunciado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, cuyo equipo técnico ha elaborado unas simulaciones según las cuales se entrará ya en Situación de Alerta en noviembre.

Urrea ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de presidir la Junta de Gobierno del organismo de cuenca, a la que han asistido, entre otros, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y el presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez.

Según el presidente de la CHS, el sistema del trasvase Tajo-Segura se encuentra ya con la declaración de sequía prolongada, que es lo que está suponiendo un estrés hídrico en la cabecera del Tajo y consecuentemente una aminoración en las disponibilidades en el destino de la cuenca del Segura

“Hay que estar expectantes y en principio, con las reservas que tenemos en la cuenca asignadas del trasvase así como con la producción de las aguas desaladas podremos afrontar sin ninguna dificultad los primeros meses, pero si no se producen esas lluvias en lo que queda de octubre y noviembre es muy probable que nuestros indicadores del Plan Especial de Sequía entren en una situación peor”, agregó.

Si en el plazo de dos meses consecutivos continúa la situación sin precipitaciones la cuenca hidrográfica entrará ya en un escenario de Sequía.

“Vamos a esperar a ver que pasan y si no se produjeran estas lluvias en el mes de diciembre la CHS iniciará las actuaciones que contempla el Plan Especial de Sequía, fundamentalmente las restricciones al regadío, que se acometerán convocando una nueva Junta de Gobierno, y sería preciso tramitar un Decreto de Sequía, que llevará algo mas de tiempo”, explicó.

Advirtió asimismo que ante ese escenario deberán ser muy prudente el sector agrícola en sus consumos de agua porque se avecina posiblemente, con probabilidad importante, restricciones a principios de 2023, y todos los cultivos hortícolas que exigen una programación deberán tener en cuenta tal situación.

A la pregunta de si estaba “de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el ministerio en los dos últimos meses de no derivar agua para el regadío”, respondió: “Estoy totalmente de acuerdo, es que el que analice la información que se presenta a la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura observa que está en el límite del escenario 4 y eso lo que implica es que no haya agua ni siquiera para el abastecimiento humano en la cuenca del Segura”.

“Si las reservas que tenemos y la capacidad de desalación nos permiten varios meses, insisto, varios meses, pues parece prudente no arriesgarse que entremos en un nivel 4 que nos dejaría a todos los ciudadanos, a dos millones y medio que vivimos aquí, en una situación muy precaria como se produjo en 2017 y, por lo tanto, creo que es prudente no haber realizado esos envíos y vamos a ver qué pasa en octubre y noviembre con las lluvias y si el sistema se recupera”, concluyó.

Respecto a la conexión de la desalinizadora de Torrevieja con los canales del Trasvase para llevar el agua desalada a los regantes, indicó que ese proyecto está en información pública y en tramitación ambiental.

Por su parte, el presidente del SCRATS llamó la atención por el hecho de que Acuamed no tenga todavía el acuerdo con los precios de ese agua desalada, y recordó que el que presentó en noviembre de 2021 fue rechazado por sus altos precios que con la actual crisis energética se hubiera demostrado que era inasumible. En este sentido, aclaró que en el resto del territorio se pagan 3 céntimos por metro cúbico y en este caso se pretenden cobrar 0,22 céntimos a los que habrá que sumar impuestos que supondrán finalmente mas de cuarenta céntimos.

“Se juega con la necesidad porque estamos en nivel 3, trasvase cero y al borde de una sequía importante”, añadió.

El consejero de Agricultura lamentó las incertidumbres que todavía perduran con un ministerio para la Transición Ecológica que hasta en seis ocasiones aprobó envío cero para la agricultura del Levante español, lo que supuso una merma de unos 150 hectómetros cúbicos de agua y unas pérdidas económicas calculadas en 600 millones de euros, por lo que pidió a Urrea que “se ponga serio” ante Ribera para reclamar “lo que por ley nos corresponde”.