Medio Ambiente
El Gobierno murciano ultima las alegaciones al Consejo de Estado por el recorte del Tajo-Segura
El Consejo de Estado concedió audiencia a la Comunidad para presentar la documentación antes del día 5 a las 13.00 horas
El Gobierno regional ultima este miércoles sus alegaciones contra el recorte previsto por el Gobierno central al Trasvase Tajo-Segura para remitirlas al Consejo de Estado y defender los intereses de la Región de Murcia.
Unas reivindicaciones que se centrarán en la “falta de consideración económica y ambiental”, además de la “falta de transparencia” en su tramitación del borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Un paso que se produce tras la solicitud de audiencia realizada por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, el pasado 20 de diciembre y cuya respuesta fue recibida el día 30 de diciembre, dando de plazo hasta las 13.00 horas del día 5 de enero para presentar la documentación.
López Miras ha recordado hoy que las alegaciones “estarán centradas, principalmente, en la ausencia de transparencia en su tramitación y también en la falta de consideración ambiental y económica del Plan del Tajo”.
“No existe ningún informe técnico o científico que avale el recorte del trasvase Tajo-Segura que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. No lo hay. Por eso, solo podemos pensar que lo único que mueve al Gobierno a tomar esta decisión es un motivo estrictamente político, ideológico y electoralista”.
El presidente ha señalado que “recortar el trasvase es recortar también las oportunidades de murcianos, alicantinos y almerienses. Es un ataque directo a nuestra línea de flotación puesto que el peso del sector agroalimentario en nuestra economía es muy importante. Ademas de eso, es un ataque a dos millones de personas que beben en sus hogares agua que llega procedente de ese trasvase Tajo-Segura. Y, por supuesto, es una decisión muy cuestionable desde el punto de vista económico para el conjunto del país ya que el trasvase Tajo-Segura riega el 70 % de las frutas y hortalizas que exporta España; da empleo a unas 300.000 personas; y cohesiona social y económicamente el futuro de España. Estamos hablando de más de 3.000 millones de euros”.
Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre se celebró el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que se sometió a informe preceptivo el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (periodo 2022-2027). Un documento que fue informado favorablemente por la mayoría de integrantes del Consejo.
Dicho texto recogía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos calificado como excesivo por parte de la Comunidad, tal y como quedó demostrado en los estudios y análisis hidráulicos presentados durante la fase de consulta pública y que fueron ignorados durante la tramitación del mismo.
Esta medida lleva consigo la reducción del volumen trasvasable a la cuenca del Segura, si bien iba aparejado a los resultados de un Plan de Seguimiento ambiental que midiera la efectividad de los cambios. Una decisión que fue enmendada por el secretario de Estado de Medio Ambiente durante el pleno del Consejo de Estado, asegurando que el documento sería modificado y dicho Plan dejaría de ser relevante a la hora de aplicar el recorte de hasta un cincuenta por ciento del agua del Trasvase, según las mismas fuentes.
La modificación del texto, ya debatido e informado favorablemente, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, queda demostrada en los documentos que el Consejo de Estado envió el pasado día 30 a la Comunidad, en los que se recoge el cambio de la Disposición Adicional Novena que desliga el “recorte” previsto por el Gobierno de España a la evolución ecológica del Tajo.
Supone, por tanto, una situación “insólita y que viene a demostrar que el único objetivo del Gobierno de España es cerrar el Trasvase Tajo-Segura, pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico”, según las mismas fuentes.
Por todo lo anterior, el Gobierno regional confía que puedan ser oídas las alegaciones sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (2022-2027) con el fin de que las mismas puedan ser tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe.
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