La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Ulea, ha desarrollado una actuación que ha culminado con la investigación del propietario de un perro -que murió a causa de una enfermedad para la que no recibió tratamiento veterinario- como presunto autor de delito de maltrato animal.

La actuación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil realizaba una inspección en una empresa dedicada al tratamiento de vehículos al final de su vida útil, ubicada en Ulea, según han informado fuentes del Instituto Armado.

En un recinto techado con chapa metálica y vallado, los guardias civiles localizaron un perro, de raza 'American Bully', que presentaba una serie de heridas. Un examen más exhaustivo del animal permitió detectar que tenía cierta dificultad para caminar, descamación severa en varias zonas de su piel y llagas sangrantes en las orejas.

El habitáculo, además, se encontraba lleno de excrementos y carecía de la higiene necesaria más aún cuando el animal presentaba signos de padecer algún tipo de enfermedad.

En colaboración con los Servicios municipales del Ayuntamiento y la Policía Local de Ulea, el perro recibió una primera atención veterinaria de urgencia que determinó la compatibilidad de sus lesiones con la 'leishmaniosis'.

La 'leishmaniosis canina' es una enfermedad parasitaria grave y a veces mortal causada por el parásito 'Leishmania Infantum'. Se transmite principalmente por la picadura de un insecto y los síntomas son variados y pueden incluir la pérdida de pelo, lesiones cutáneas, fiebre y pérdida de peso. Esta enfermedad requiere de controles veterinarios periódicos.

Según se desprende de la investigación este animal no recibía asistencia veterinaria, ni cuidados o atenciones dirigidos a evitar su sufrimiento.

Pese a ser sometido a tratamiento veterinario, que no le había sido proporcionado hasta entonces por su dueño, el deterioro del animal se agravó sin que los intentos por recuperarlo resultaron exitosos y murió.

El perro no tuvo acceso al tratamiento y asistencia veterinaria necesaria y obligatoria para paliar su padecimiento, tratar sus patologías y restablecer su bienestar y salud.

El propietario resultó investigado como presunto autor de un supuesto delito de maltrato animal. Además, el SEPRONA cursó denuncias por infracción a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.