Frenemos la diarrea legislativa

El imperio de la ley es esencial para que una sociedad pueda desarrollarse económicamente: sin un mínimo respeto a los derechos individuales –libertad de empresa, autonomía contractual o propiedad privada– que le permita a cada persona estimar con razonable confianza cuáles serán las consecuencias de sus decisiones –¿Me van a sancionar por invertir en este sector? ¿Puedo utilizar esta tecnología en mi empresa? ¿De qué herramientas dispongo si un trabajador no cumple con su parte del contrato?, etc.– muchos individuos preferirán quedarse de brazos cruzados antes que lanzarse a emprender un proyecto de consecuencias jurídicas inciertas. Dos de los requisitos esenciales de todo imperio de la ley que se precie son por un lado, que las leyes resulten cognoscibles (esto es, que los ciudadanos puedan conocerlas y entenderlas) y, por otro, que sean duraderas en el tiempo (de manera que mis expectativas actuales no puedan verse súbitamente sacudidas por un cambio arbitrario del marco legislativo). Simplicidad y estabilidad son dos características que no cumple el Estado de Derecho español. Hace unos días, la CEOE publicó su informe «La producción normativa en 2017», donde elabora un catálogo de todas las normas que fueron publicadas por los diferentes niveles de las Administraciones Públicas a lo largo del año precedente. Y el resultado es verdaderamente descorazonador: la Administración Central aprobó 517 nuevas normativas (un 18,6% más que el año anterior) y publicó 223.043 páginas del BOE (un 29,7% más que el año anterior). A su vez, las administraciones autonómicas aprobaron 253 nuevas leyes (un 3,3% más que en 2016) e imprimieron 731.525 páginas en sus respectivos boletines oficiales (un 1,1% más que en 2016). En otras palabras, en 2017, los ciudadanos españoles se enfrentaron a 770 nuevas leyes y a 954.568 nuevas páginas de regulaciones oficiales. Acaso cupiera pensar que 2017 fue un ejercicio de extraordinaria e infrecuente producción normativa, pero no: de hecho, fue uno de los años en los que menores normas fueron aprobadas a pesar de sus fuertes tasas de crecimiento frente al año anterior (año, recordémoslo, marcado por la ausencia de Gobierno debido al bloqueo post-electoral). Dicho de otra manera, lo habitual en el caso de España es que estas ya de por sí exageradas e inaceptables cifras sean aun superiores a las de 2017 (en 2010, por ejemplo, se publicaron casi 1,1 millones de páginas en boletines oficiales). Debería ser evidente que ningún ciudadano es capaz de conocer todas las normativas por las que se rige ni tampoco de estar al tanto de todas las novaciones jurídicas que se producen: es decir, debería ser evidente que el imperio de la ley en España –y, por desgracia, en muchos otros países occidentales– se halla enormemente deteriorado. Resulta urgente frenar esta diarrea legislativa; toca regresar a un sistema legal basado en pocas y simples normas perfectamente conocidas por todos: con ello, no sólo disfrutaremos de una mayor libertad, sino también de una mayor prosperidad.