Desindexar las pensiones

La Seguridad Social se halla en una situación de insolvencia estructural. Los ingresos a largo plazo del sistema no permiten hacer frente a los gastos a largo plazo del sistema. La razón no es otra que la regresión demográfica en la que ya se encuentra inmerso nuestro país. Desde el año 2015, España está experimentando un crecimiento vegetativo negativo (es decir, el número de fallecimientos supera al número de nacimientos), el cual apenas logra ser compensado –y de momento–por un saldo migratorio moderadamente positivo. Debido a todo ello, se espera que, dentro de tres décadas, nuestra economía apenas disponga de un trabajador por pensiones frente a los dos con los que cuenta en la actualidad. O dicho de otra manera: las pensiones de quienes tengan hoy entre 30 y 40 años están en peligro. Todos los partidos políticos son conscientes de esta triste realidad –puesto que todos ellos disfrutan de acceso a las series de previsiones demográficas del INE– pero ninguno de ellos quiere hacerse cargo de la misma. Al contrario, con tal de arañar algunos sufragios de ese nutrido granero de votantes que son los pensionistas, las fuerzas opositoras se han lanzado recientemente en tromba a criticar los aspectos más politizables de las últimas dos reformas de las pensiones –la de 2011 del PSOE y la de 2013 del PP–. En particular, una reivindicación ha conseguido hermanar a Podemos, PSOE y Ciudadanos: volver a indexar las pensiones al IPC. Ciertamente, que las pensiones sólo se revaloricen anualmente un 0,25% cuando los precios se incrementan en un porcentaje superior (actualmente, el 1,1%) constituye una forma de erosionar su poder adquisitivo, esto es, constituye una forma de recortarlas por la puerta de atrás. Sin embargo, no deberíamos olvidar cuál es la dramática situación real en la que nos encontramos: la Seguridad Social no es solvente en el medio-largo plazo y, en consecuencia, las pensiones van a verse recortadas. Nos guste o no. No se trata de un ejercicio de maldad, sino de mera cuadratura contable. Tan es así que el Comité de Expertos para la reforma de las pensiones –que asesoró al Gobierno de Rajoy para desarrollar la reforma de 2013– llegó a recomendar al Ejecutivo que las pensiones fueran recortadas en términos nominales mientras persistiera el déficit estructural. En otras palabras: la actual revalorización anual del 0,25% ya es una revalorización excesivamente imprudente teniendo en cuenta el estado financiero de la Seguridad Social. Por consiguiente, quienes hoy reclaman crecimientos nominales por encima del 0,25% no lo hacen por responsabilidad política, sino por populismo electoral. No en vano, si las pensiones volvieran a indexarse al IPC, el partido en el Gobierno –fuera del signo ideológico que fuera– tendría que ingeniárselas para decretar nuevos recortes compensatorios que permitieran reajustar el déficit. Todos aquellos que se llenan la boca prometiendo «una jubilación más digna» sólo están envenenando a la sociedad para alcanzar el poder aun a costa de desestabilizar todavía más el (fraudulento e ineficiente) sistema público de pensiones.