Liberalizar, el mejor plan

La economía entró en crisis por la hipertrofia de su sector inmobiliario. Desde entonces, el ladrillo se ha mantenido en un estado cuasi-comatoso: decenas de miles de empresas constructoras han quebrado y otras tantas han tenido que reestructurarse para sobrevivir. Sin embargo, conforme los fundamentales de la economía están cambiando, la situación de su sector inmobiliario también lo está haciendo. Las familias están hoy mucho menos endeudadas que hace una década –los pasivos familiares se han reducido en 200.000 millones de euros desde 2008 y el mercado laboral está siendo capaz de generar unos 500.000 puestos de trabajo por año. Ambos factores –unidos a los tipos de interés ultrabajos– confluyen en facilitar un mayor endeudamiento hipotecario entre los españoles y, por tanto, una mayor compraventa de viviendas: sólo en 2017 se adquirieron 532.367 inmuebles, un 16,3% más que en 2016. Y, como sucede en cualquier otro mercado, una mayor demanda tiende a aumentar los precios. Además, en esta ocasión, y a diferencia de lo acaecido hasta 2007, no es sólo el precio de la vivienda el que está comenzando a repuntar con fuerza, sino también los precios de los alquileres. Acaso por este progresivo encarecimiento del acceso a la vivienda –tanto en propiedad como en alquiler–, el Gobierno ha sentido la tentación de aprobar el Plan de Vivienda 2018-2021, merced al cual destinará 1.443 millones en los próximos cuatro años para fomentar la compraventa en municipios de menos de 5.000 habitantes y, sobre todo, el alquiler entre los más jóvenes. Para lo primero, proyecta entregar 10.800 euros a los menores de 35 años que adquieran un inmueble en municipios de menos de 5.000 habitantes. Para lo segundo, suministrará entre 240 y 390 euros mensuales a aquellos jóvenes que no superen ciertos umbrales de ingresos. Es decir, la política de vivienda consiste en subvencionar la demanda. El error de tal orientación debería ser evidente: si los precios están aumentando por el crecimiento de la demanda, otorgar una mayor renta a los demandantes sólo conseguirá... ¡que los precios se incrementen todavía más! Todo lo cual, por cierto, perjudicará doblemente a aquellos ciudadanos que no devengan receptores de semejantes ayudas públicas, pues se verán forzados a pagar impuestos para financiar tales subvenciones y, a su vez, sufrirán los efectos negativos del encarecimiento adicional de los precios. La mejor política de vivienda es aquella que busca incrementar su accesibilidad abaratando sus precios, y ello implica desarrollar políticas de oferta. Es decir, incrementar la disponibilidad de suelo edificable así como la altura máxima permitida en los edificios para que la cantidad de viviendas aumente y sus precios se reduzcan.