La trampa de las pensiones mínimas

El sistema de pensiones público acumuló en 2017 un déficit cercano a los 19.000 millones de euros: es decir, el pago en prestaciones contributivas de jubilados, viudos, huérfanos y discapacitados superó en esos 19.000 millones de euros la recaudación fruto de las cotizaciones sociales. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el Gobierno ha incluido una revalorización de las pensiones mínimas del 3%. ¿Cómo es posible que, subsistiendo ese gigantesco agujero en las arcas de la Seguridad Social (que va a seguir engordando durante las próximas décadas), el Ejecutivo se lance a incrementar el gasto en pensiones? Pues porque piensa hacerlo a través del denominado «complemento a mínimos», una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado por la que el Gobierno destina fondos de los impuestos de todos los españoles a engrosar el importe de las pensiones. A la postre, y merced al crecimiento económico, el Ministerio de Hacienda confía en ver aumentada la recaudación de las arcas públicas en unos 12.000 millones de euros: una cuantía suficiente para subir el gasto (incluyendo el de las pensiones), bajar el IRPF a algunos contribuyentes y, a su vez, continuar reduciendo el déficit. Una mágica cuadratura del círculo que, sin embargo, oculta una trampa de para los futuros pensionistas: cuanto más se siga financiando a la Seguridad Social con impuestos generales de todos los españoles, más asistencial –y menos contributivo– irá volviéndose el sistema de jubilación. ¿Qué significa esto?

En la actualidad, un pensionista cobra una renta en función de lo que ha cotizado a lo largo de su vida: las pensiones contributivas actúan como si fueran un mecanismo de ahorro forzoso que recae sobre los trabajadores y que es gestionado por el Estado. Por el contrario, un sistema de pensiones asistencial supondría abonar a todos los pensionistas una renta mensual que no guardara relación alguna con lo cotizado durante sus vidas profesionales: del mismo modo que todos recibimos la misma educación o sanidad pública con independencia de los impuestos que abonemos, bajo una Seguridad Social asistencial todos recibiríamos una pensión idéntica con independencia de lo cotizado. A muchos, semejante reparto igualitario y no contributivo podrá parecerles extremadamente justo, pero en realidad es extremadamente injusto y disfuncional: y es que, para poder mantener durante la jubilación un estilo de vida similar al que disfrutábamos durante nuestra etapa laboral, es necesario que nuestra pensión guarde una cierta proporcionalidad con nuestros salarios previos.

Justo para eso las personas ahorramos a largo plazo: porque queremos nivelar nuestro gasto en las distintas fases de nuestra vida con independencia de cuáles sean nuestras fuentes de renta. Aniquilar la naturaleza contributiva del sistema de Seguridad Social condenaría a millones de españoles a tener que planificar el grueso de su ahorro al margen de las pensiones públicas. El problema, claro, es cómo conseguir ahorrar cuando la Seguridad Social ya deglute actualmente casi un 40% de nuestro salario.