Los políticos disparan el alquiler

Tras la última burbuja inmobiliaria, muchos españoles están optando por el alquiler antes que por la compra de vivienda. Probablemente, muchos factores hayan influido en este cambio: primero, el cambio de percepción de que los inmuebles son un activo con riesgo en el que no hay que invertir a la ligera; segundo, la falta de acceso de muchos de nuestros jóvenes a un empleo indefinido, lo que dificulta a su vez el acceso a la financiación hipotecaria que les habilite a comprar; y tercero, la demanda de flexibilidad y movilidad entre aquellos otros jóvenes que sí cuentan con una ocupación estable pero que no quieren «atarse» a ninguna ubicación específica. Así pues, la creciente demanda de alquiler, unida a la recuperación económica y al consiguiente aumento de los ingresos de los ciudadanos, ha llevado a una progresiva alza de las rentas por arrendamiento. Sobre todo en un país que, como sucede en España, restringe intensamente la nueva urbanización o reurbanización de las zonas residenciales. A la postre, cualquier economista sabe que, si la demanda aumenta y la oferta se congela, los precios se disparan. De ahí que, a la hora de la verdad, sólo existan dos opciones realistas para controlar la escalada de precios: o reprimir la demanda o fomentar la oferta.

A saber: si la demanda deja de crecer, los precios también se moderarán; si la oferta aumenta pari passu con la demanda, los precios también se contendrán. Por desgracia, muchos de nuestros políticos han apostado justo por la estrategia opuesta: fomentar la demanda y reprimir la oferta. Ejemplos claros de fomento de la demanda lo constituyen las recientes ayudas al alquiler contenidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Como ejemplos obvios de la represión de la oferta cabe mencionar la última ocurrencia de Izquierda Unida, consistente en derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos para imponer a todos los arrendadores un alquiler mínimo de cinco años, la prórroga obligatoria del contrato de alquiler y el establecimiento de controles administrativos a las rentas de arrendamientos. Lo lógico, en medio de la coyuntura actual, sería liberalizar las muy restrictivas regulaciones urbanísticas que no sólo impiden la edificación residencial en aquellos usos arbitrariamente calificados como no residenciales, sino que también restringen la tipología de las construcciones que pueden colocarse en los distintos suelos expresamente calificados como residenciales (verbigracia, limitando las alturas máximas que puede alcanzar un inmueble). A su vez, también sería lógico proporcionar mucha más seguridad jurídica a los propietarios de aquellas viviendas que estén vacías para incentivarlos a que las saquen al mercado del alquiler.

Pero por desgracia no estamos trabajando en ello, sino precisamente en todo lo contrario. Por lo tanto, mientras la demanda se siga subvencionando y la oferta continúe reprimiéndose, los precios continuarán aumentando cada vez más.

Es una lección económica elemental. Necesitamos políticos que, al menos, entiendan las lecciones básicas de cualquier curso universitario de Introducción a la Economía.