El problema de la educación no está en el gasto

El gasto público en educación de España se ubica en el 4% del PIB, por debajo de la media europea (4,6%), si bien por encima de grandes países como Italia (3,9%) y bastante cerca de la locomotora continental, como es Alemania (4,2%). Acaso por ello, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abandonó el pasado mes de marzo la negociación de un «pacto educativo» con el Partido Popular hasta que el Gobierno asumiera el compromiso de incrementar los niveles de desembolsos en esta rúbrica hasta el 5% del PIB. Al respecto, el PSOE ha mostrado su faceta más indignada. A su entender, resulta inaceptable que las políticas de austeridad populares hayan desmantelado la educación pública destinando a ella apenas un 4% de todo el PIB. Olvidan los socialistas, empero, que en 2007, en plena burbuja inmobiliaria y con Zapatero al frente del Ejecutivo, el gasto en educación también se ubicaba en ese 4%: si aquello no colocaba a nuestro sistema educativo al borde de la bancarrota, ¿por qué las cifras de desembolsos actuales sí lo hacen? Pese a lo anterior, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha decidido finalmente ceder a las exigencias del líder socialista y ha pasado a prometer una elevación del gasto educativo hasta el 5% del PIB, esto es, un incremento de 11.000 millones de euros con respecto a los niveles actuales. Se trata de un doble error. Primero, de un error financiero: el Ejecutivo había previsto cuadrar las cuentas públicas manteniendo, entre otras partidas, el gasto en educación por debajo del 4% del PIB; si ahora cambia de criterio, será necesario efectuar otros ajustes en forma de subidas de impuestos o de recortes alternativos del gasto... que hasta el momento no han sido explicados a los ciudadanos. Segundo, también se trata de un error de política educativa: durante años se nos ha venido repitiendo a los españoles que los problemas de nuestro sistema de enseñanza residían en la insuficiencia de recursos, de modo que, en apariencia, el mejor camino para perfeccionar la calidad educativa sería cebar el gasto. Pero semejante correlación entre calidad educativa y gasto público es inexistente (al menos, una vez superado un elemental volumen de desembolsos que garanticen una mínima dotación de recursos): los distintos informes de PISA, por ejemplo, recalcan la ausencia de relación entre un mayor gasto por alumno y superiores resultados educativos. Siendo así, ¿a qué responden las recurrentes reivindicaciones de mayor gasto educativo? Primero, a la necesidad de satisfacer al lobby de la enseñanza pública: más gasto son mayores contrataciones y también mayores salarios para profesores y personal no docente. Segundo, a la voluntad de esconder las auténticas deficiencias de nuestro sistema educativo, las cuales no pasan por un insuficiente gasto sino por una insuficiente libertad: libertad de los estudiantes para escoger centro docente y libertad de las escuelas para configurar sus programas de estudios. Mientras el debate público siga girando en torno al gasto, sólo exprimiremos más y más al contribuyente, al tiempo que desatendemos las auténticas carencias de fondo de nuestro sistema de enseñanza.