España: un infierno fiscal para la riqueza

La OCDE es el club de países más ricos del planeta, de modo que las políticas públicas en ellos aplicadas deben ser analizadas con detenimiento. No porque el club de los ricos siempre acierte en todo lo que hace, sino porque en términos generales esos países no deben de estar haciendo las cosas tan mal como para bloquear la creación continuada de riqueza por parte de sus capitalistas, empresarios y trabajadores. En este sentido, el último informe de este organismo internacional acerca de la tributación patrimonial debería llevarnos a reflexionar con calma sobre el modelo de fiscalidad que estamos adoptado en nuestro país.

Y es que, ya de entrada, sólo cuatro países de los 35 países que componen la OCDE mantienen en la actualidad un impuesto sobre el patrimonio dentro de sus economías: Suiza, Noruega, Francia y España. Es verdad que en el pasado otros ocho llegaron a tenerlo implantado dentro de sus sistemas tributarios, pero poco a poco fueron eliminándolo.

En particular, Irlanda lo suprimió en 1978, Austria en 1994, Dinamarca en 1997, Alemania en 1997, Holanda en 2001, Luxemburgo en 2006, Finlandia en 2006 y Suecia en 2007. Por consiguiente, el Impuesto sobre el Patrimonio español se está convirtiendo en una rareza dentro del panorama internacional. Al respecto, acaso pudiera replicarse que, al menos, dos de los países más ricos del mundo, Suiza y Noruega, todavía mantienen semejante tributo, pero hemos de tener presente que su configuración es sustancialmente distinta a la de España: por un lado, Suiza no grava las rentas del capital dentro del IRPF, de forma que su impuesto sobre el patrimonio es meramente una forma de reemplazar la típica fiscalidad sobre las ganancias del capital; por otro, en Noruega no existe ningún impuesto sobre sucesiones y donaciones, de manera que la fiscalidad patrimonial actúa en parte como un sustitutivo del mismo.

En otras palabras, a día de hoy, sólo dos países occidentales castigan acumulativamente a su población con un impuesto sobre el patrimonio, sobre las rentas del capital y sobre las herencias: a saber, Francia y España. ¿A qué se debe que el resto de las sociedades más ricas del planeta hayan rehusado imponer una fiscalidad tan agresiva sobre la riqueza? Pues a que, como han venido apuntando los economistas desde la época de Adam Smith, una de las bases de la prosperidad de cualquier sociedad reside en su ahorro, esto es, en la acumulación de capital dirigida a incrementar la cantidad y la calidad de los medios materiales que utilizamos para producir bienes y servicios.

Los tributos sobre la riqueza –patrimonio, sucesiones, rentas del capital, etc.– son mordidas directas sobre la frugalidad de los ciudadanos y sobre los fundamentos de la prosperidad. Deberíamos tomar ejemplo de la OCDE y rectificar los graves errores fiscales que estamos cometiendo: dejar de castigar el ahorro eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio y, por qué no, también sobre Sucesiones y rentas del capital. Dejemos de desincentivar tributariamente aquella materia prima –el ahorro– que es básico en nuestro bienestar.