Companys y Guruceta

El Gobierno del acuclillado ha dado, una vez más, un ejemplo de progreso y futuro. Ha anulado la sentencia que condenó a muerte a uno de los mayores asesinos de España y Cataluña, Luis Companys. No entiendo la utilidad de la suspensión. Se anula la pena de muerte a un condenado que fue pasado por las armas en 1940. Creo que el Gobierno del ganso frenético podría haber anulado, de la misma manera, el penalti de Guruceta, que en efecto – y lo reconozco divertido después de varios decenios–, no existió. La falta a Velázquez se produjo tres metros fuera del área, y ahí comenzó el «Procés».

También ha bautizado al aeropuerto del Prat con el nombre de Josep Tarradellas, y en ese bautizo ha acertado el anátido incansable. Tarradellas sufrió largo exilio, y gracias al Rey y Adolfo Suárez, recuperó la presidencia de la Generalidad, a pesar de la dura resistencia de Jordi Pujol. Tarradellas, de ERC, como Junqueras, Tardá y Rufián, fue un gran señor de Cataluña leal al Estado.

Guruceta no asesinó a nadie. Simplemente se equivocó a favor del Real Madrid. El Gobierno de esta gente podría haber anulado la pena máxima y concederle el punto perdido al F.C. Barcelona. Esa reparación habría sido recibida con justa alegría por los independentistas. Guruceta, que en paz descanse, a instancias del Gobierno y mediante la intervención de los obispos catalanes, podría haber sido condenado con carácter retroactivo al castigo del infierno eterno, pero no se les ocurrió y han dejado pasar la oportunidad. Por mucha influencia que tenga el obispo de Solsona, mucho dudo que San Pedro le hiciera caso al respecto.

Lo grave viene con Companys. Fue detenido, encarcelado, juzgado y condenado a 30 años de prisión por la Justicia republicana. El Frente Popular le abrió las puertas de la cárcel, y desde la presidencia de la Generalidad se puso morado firmando sentencias de muerte. Sus huestes asesinas campaban a sus anchas por Cataluña, y Companys ordenó y aprobó, sin juicios ni vainas, la ejecución de 2441 religiosos, 1199 carlistas, 281 miembros de la Liga Regionalista, 213 militantes de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, creada por José María Gil Robles. Como eran pocos los cadáveres de sus adversarios, ordenó la muerte de 108 falangistas, 70 monárquicos de Renovación Española, 117 de Acción Ciudadana, 18 de la Federación de Jóvenes Cristianos, y 34 ciudadanos sin identificación política. O le caían mal a Companys, o se trató de venganzas personales de sus sicarios.

Companys huyó de España por la frontera con Francia pocos días antes de la toma de Barcelona por el Ejército Nacional. Y era de tal envergadura la relación de sus crímenes y vilezas, que el Gobierno francés ordenó su detención y fue entregado al Estado que se estableció después de la guerra civil. El tribunal que lo juzgó consideró que era merecedor de la pena de muerte, en aquellos tiempos vigente en todas las naciones de Europa, y murió fusilado en el castillo militar de Montjuich. Y ahora, el Gobierno del pato mareado anula la sentencia. De poco le va a servir, escrito sea con toda la sinceridad que puedo extraer de mi ánimo. Pero si a Torra le agrada semejante memez, nada hay que objetar fuera de la original majadería.

Si no me equivoco, el Real ganó la Liga del año del penalti de Guruceta. Pedro Sánchez, como Zapatero, es forofo del «Barça». Y aprovechando que el Llobregat pasa por el Prat, podría haber aprobado la victoria del Barcelona por Decreto-Ley. Pero no tiene sensibilidad. Todavía se recuerda en la Ciudad Condal el error de Guruceta, y a pesar del tiempo transcurrido, el independentismo aguarda expectante el desagravio oficial. Es decir, que Guruceta es culpable y Companys inocente.

Lo que se conoce por gobernar con acierto y utilidad para la ciudadanía.