Récord de gasto en nóminas públicas

El Estado español sigue cargando con un importante déficit público aun cuando la economía enfila su sexto año de crecimiento consecutivo. Por supuesto, la magnitud actual de ese desequilibrio financiero de las Administraciones Públicas –alrededor del 2% del PIB– no parece en sí misma relevante (incluso hemos sido capaces de abandonar el Protocolo de Déficit Excesivo merced al cual nos controlaba Bruselas), pero se torna bastante más inquietante cuando recordamos que cargamos con un altísimo volumen de deuda pública (cercano al 100% del PIB) y, sobre todo, que nuestros gobernantes son adictos al gasto. A este último respecto, hemos conocido recientemente una cifra que debería movernos a una honda reflexión: el gasto en nóminas públicas ha alcanzado su máximo histórico de 127.000 millones de euros anuales. La cifra es aterradora por sí sola: el pago de las nóminas de la plantilla del conjunto del Estado equivale a, aproximadamente, toda la recaudación anual por IRPF y por IVA. Es decir, que unos 16 millones de trabajadores y autónomos en el sector privado han de pagar unos altísimos impuestos sobre la renta y sobre su gasto en consumo tan sólo para mantener operativo el entramado actual de asalariados públicos. Pero tan revelador como el monto absoluto del coste de las nóminas públicas resulta su evolución histórica: a la postre, cuando estalló la crisis de deuda española, allá por 2011-2012, toda la sociedad entendió que teníamos que afrontar un profundo recorte del tamaño de nuestro sector público para, justamente, reconducir nuestro déficit. Y, de hecho, entre 2012 y 2014 se adoptaron medidas que contuvieron la factura anual de la función pública: por un lado, se congeló la reposición de la mayoría de trabajadores públicos, de modo que su número descendió desde 3,3 millones (el máximo histórico legado por Zapatero) a 2,9 millones; por otro, las remuneraciones de los empleados públicos fueron congeladas durante varios ejercicios, de modo que su salario real se redujo. Gracias a todo ello, las nóminas públicas, que llegaron a suponer un coste de 125.000 millones de euros en el año 2009, se redujeron hasta 114.000 en el año 2012, esto es, un recorte nominal de 11.000 millones de euros. Desde entonces, sin embargo, hemos regresado a la barra libre de contratación dentro de la administración (desde 2014, el número de empleados públicos ha crecido desde 2,9 millones a más de 3,2 millones, acercándose de nuevo a su máximo histórico) y los sueldos de los trabajadores estatales han dejado de estar congelados. De ahí que, como decíamos anteriormente, en 2018 el coste total de las nóminas públicas se haya disparado a su nivel récord de 127.000 millones de euros anuales. Hemos abandonado la austeridad –no sólo en esta rúbrica, sino también en otras como la de pensiones– mucho antes de que hayamos reequilibrado nuestro déficit público. Estamos volviendo a consolidar una administración gigantesca y rígida que no vamos a poder recortar con facilidad en cuanto vengan mal dadas: es decir, estamos repitiendo algunos de los errores del pasado que tan caros nos costaron.