El auténtico coste de ligar las pensiones al IPC

Una de las promesas que estructuró el discurso socialista durante la anterior legislatura y la reciente campaña electoral fue la necesidad de abandonar la reforma de las pensiones aprobada por el PP en el año 2013 y merced a la cual éstas dejaban de revalorizarse de acuerdo con el IPC. En su lugar, el Ejecutivo estableció el conocido Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), por el cual los ingresos de los pensionistas sólo aumentarían un 0,25% al año mientras la Seguridad Social mantuviera su actual situación de déficit financiero. A juicio de algunos, sin embargo, desindexar las pensiones del IPC y vincularlas al IRP apenas contribuirá a sanear la situación de este organismo público. A la postre, revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC tan sólo conlleva un coste anual de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

¿Qué importancia puede tener una suma tan exigua como ésta (sólo representa el 0,2% de nuestro PIB) dentro del reajuste global del saldo de nuestras administraciones públicas? Lo cierto, sin embargo, es que el coste de elevar las pensiones de acuerdo con la evolución de nuestros precios es un coste acumulativo: si este año el gasto aumenta de 100 a 102 (un 2%), el próximo año deberá hacerlo de 102 a 104,04 (es decir, un 4,04% con respecto al presente ejercicio) y al siguiente hasta 106,1 (esto es, un 6,1% con respecto al año en curso). Expresado de otra forma, no es verdad que a largo plazo conectar las pensiones públicas al IPC apenas tenga un coste de unas pocas décimas de PIB, pues los desembolsos van aumentando exponencialmente con el paso de los años. Pero, ¿hasta qué punto? Hace unos días, el economista Ángel de la Fuente publicó en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) una estimación del coste total de actualizar las pensiones según el IPC (suponiendo una tasa de inflación media del 2% anual) en lugar de al 0,25% que marcaría el IRP.

Pues bien, si únicamente aumentáramos las pensiones un 2% durante un solo año, el sobrecoste acumulado a euros constantes de 2018 sería de 30.000 millones de euros; si, en cambio, las pensiones se incrementaran todos los años de acuerdo con la inflación para los pensionistas actualmente existentes (esto es, ni siquiera estamos considerando a los futuros pensionistas), el sobrecoste ascendería a 327.000 millones de euros, esto es, más del 27% de nuestro PIB (el equivalente a casi cinco años de recaudación de IRPF). En definitiva, vincular las pensiones al IPC puede parecer una decisión poco relevante desde un punto de vista financiero por el pequeño sobregasto que acarrea en el corto plazo. Sin embargo, se trata de una enorme losa hipotecaria que terminaremos pagando las futuras generaciones de españoles. Si al Gobierno socialista realmente le importara el porvenir de las generaciones más jóvenes, la última decisión que tomaría es disparar el gasto del sistema de pensiones a costa de cotizaciones sociales mucho más confiscatorias sobre los trabajadores actuales.