Un programa de mínimos para la derecha

Ciudadanos, PP y Vox se diferencian en cuestiones muy relevantes, especialmente en materia de libertades civiles y políticas. Son formaciones políticas distintas y, mientras el electorado no juzgue que tales discrepancias de fondo son poco importantes para sus intereses, permanecerán separadas. Sin embargo, también existen incuestionables puntos de encuentro entre estos tres partidos en sus respectivas propuestas económicas: así, por ejemplo, las tres formaciones rechazan (o al menos eso es lo que manifiestan públicamente) un incremento del tamaño del sector público, tanto en materia fiscal como regulatoria. Es decir, las tres formaciones abogan por mantener o por reducir la presión fiscal que pesa sobre los ciudadanos y por liberalizar (aunque sea de un modo insuficiente y parcial) algunas áreas de la actividad económica, como sucede con la legislación urbanística. Siendo así, no debería resultar demasiado complicado que PP, Ciudadanos y Vox, más allá de un sectario cálculo electoralista, consiguieran reunirse, dialogar y ponerse de acuerdo en un programa de gobierno de mínimos sobre aquellas materias en las que claramente existe consenso. Persistir en el bloqueo mutuo (Ciudadanos no quiere relacionarse con Vox y Vox no quiere ser ninguneado por Ciudadanos) imposibilitaría la conformación de un gobierno alternativo al de la izquierda en muchas administraciones autonómicas y municipales, esto es, supondría que el maximalismo negociador de estas tres formaciones se traduciría en la negación absoluta de sus promesas electorales. Frente a la obsesión dogmática por imponer en solitario la totalidad de un programa electoral, la fragmentación política invita a que los partidos políticos consensúen acciones de gobierno que resulten mínimamente aceptables para todos ellos. ¿Y cuáles son esas acciones de gobierno que podrían recibir el visto bueno tanto de PP, como de Ciudadanos, como de Vox? En el apartado fiscal, supresión de Sucesiones y Patrimonio en aquellas autonomías donde tales figuras tributarias todavía subsistan; a su vez, reducción del tramo autonómico del IRPF y del IBI en todas las restantes administraciones autonómicas y municipales. En materia de gasto, supresión de partidas presupuestarias superfluas, redundantes o clientelizadoras, con especial hincapié en las subvenciones a asociaciones, fundaciones o empresas privadas que no hayan pasado ningún tipo de control coste-beneficio. En el apartado del bienestar social, ampliación de la autonomía del ciudadano para escoger acerca de su educación, de su sanidad de sus servicios de dependencia: es decir, no convertir al Estado en un suministrador monopolístico o preferente de tales prestaciones y habilitar a que el contribuyente escoja con el dinero de sus impuestos aquellos proveedores privados que él prefiera. En el apartado regulatorio, liberalización de aquellas áreas de la actividad económica que se hallen bajo el ámbito competencial de autonomías y ayuntamientos: verbigracia, liberalización de los horarios comerciales, liberalización del transporte de personas y liberalización del suelo y del régimen urbanístico. Nada de lo anterior resulta ajeno a las propuestas de PP, Ciudadanos y Vox, de modo que existe un más que obvio espacio para el entendimiento que permitiría mejorar apreciablemente la calidad de vida de muchísimos españoles. Ahora sólo falta que estas formaciones dejen de lado sus estrategias partidistas y se pongan de acuerdo para implementarlas.