Adiós Carmena

José Luis Almeida fue investido ayer alcalde de la ciudad de Madrid con los votos de Ciudadanos y Vox. La etapa de Carmena al frente del principal consistorio de España termina sólo cuatro años después de haber arrancado: aquélla que desde la izquierda se nos vendía como la mejor alcaldesa de la historia de Madrid ni siquiera ha sido capaz de revalidar en una sola ocasión el mandato popular. Los madrileños, que en apariencia deberían haber estado entusiasmados con sus años de gobierno, le dieron mayoritariamente la espalda el pasado 28 de mayo, anticipo de su consumado relevo este 15 de junio. Pero, ¿por qué esa insatisfacción de la mayoría de la ciudadanía madrileña con la etapa de Carmena al que sus fieles de izquierdas exhibían un entusiasmo militante?

Pues por un pecado original que esperemos no se repita con el nuevo equipo de gobierno de PP y Cs: ideologizar hasta el extremo la gestión municipal. Ahora Madrid siempre entendió el gobierno de la capital de España como una plataforma propagandística para hacer avanzar sus ideas izquierdistas al resto de España: su objetivo principal nunca fue resolver los problemas diarios de los madrileños sino propalar su ideología a todos los rincones de España. Desde las cabalgatas de Reyes inclusivas a los estudios de impacto de género en el soterramiento de la M-30, pasando por la ofensiva irracional contra el urbanismo, el cambio del nombre de las calles o la pátina ecologista de medidas como Madrid Central, toda la acción de gobierno de Carmena ha estado al servicio de una propaganda ideológica que no se traducía en medidas eficaces para dar respuesta a las expectativas que los ciudadanos mantienen hacia sus ayuntamientos.

A la postre, el cometido de una corporación local es bien sencillo: mantener las calles limpias, luchar contra la inseguridad ciudadana, facilitar el desarrollo urbano, soterrar cables, reasfaltar calzadas, renovar el mobiliario municipal, evitar los atascos o combatir la contaminación. Y hacerlo todo ello al menor coste –fiscal y regulatorio– para sus residentes. Eso es lo que razonablemente se espera de un alcalde y lo que Carmena, más preocupada por la proyección nacional de su figura pública (y la de su nuevo partido político), no ha hecho.

Por supuesto, lo anterior no significa que quepa prescindir por entero de la ideología para escoger las soluciones más eficientes para los ciudadanos. Por ejemplo, ¿es preferible mantener las calles limpias a través de una empresa municipal de limpieza o con una empresa concesionaria? ¿Tratamos de evitar los atascos desincentivando el uso del automóvil o aumentando las plazas de aparcamiento disuasorio? ¿Luchamos contra la contaminación cerrando Madrid Central al tráfico o aprobamos un peaje de congestión para que los conductores internalicen el coste de sus emisiones? ¿Destinamos el superávit municipal a aumentar el gasto en mobiliario municipal en las zonas menos desarrolladas o a reducir impuestos como el IBI? Incluso desde los ayuntamientos existe algún margen para que las distintas ideologías tengan su rol: pero lo que no es de recibo es que la ideología lo absorba todo y que la resolución de los problemas reales de los madrileños pase a un segundo plano.

Ése ha sido, en suma, el principal error de Carmena durante su primera y última legislatura. Aquellos que la ensalzaban como un referente político no se dieron cuenta de que estaban aclamando a un símbolo ideológico, pero no a una buena gestora. Se ensimismaron con su «superioridad moral» y dejaron desatendidas las necesidades básicas de sus vecinos. Por eso perdieron. Ojalá el nuevo equipo de gobierno no caiga en el mismo error y priorice desde el Ayuntamiento de Madrid la buena gestión de aquellas funciones que son consustanciales a los ayuntamientos.

Menos impuestos

El pacto de gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox para la capital de España incluye una importante rebaja impositiva, sobre todo en lo referente al principal tributo que nutre las arcas municipales: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En efecto, actualmente los madrileños están obligados a abonar un IBI equivalente al 0,51% del valor catastral de sus viviendas y el equipo de gobierno de Martínez Almeida promete rebajarlo hasta el 0,4%. Es decir, un inmueble con un valor catastral de 500.000 euros pasará de abonar 2.550 euros anuales en concepto de IBI a 2.000 euros: una rebaja de 550 euros por año. Dado el abultado superávit fiscal del consistorio, se trata de una reforma financieramente sostenible. De hecho, si no se rebaja en mayor medida es porque la ley impide un IBI inferior al 0,4%.

Más vivienda

El creciente precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de aquellos madrileños que viven de alquiler o que desean convertirse en propietarios de un inmueble. Esta elevación de los precios tiene una causa muy específica: la demanda de vivienda en Madrid –ciudad dinámica, abierta y próspera– está aumentando muy por encima de su oferta, lo que termina encareciéndola. El cesado equipo de Manuela Carmena restringió enormemente las nuevas promociones urbanísticas en la ciudad. El caso más llamativo, aunque ni mucho menos el único, es el de una paralizada Operación Chamartín que ni siquiera llegó a completarse en sus cuatro años de mandato, lo que alimentó semejante encarecimiento. Según han prometido PP y Ciudadanos, su equipo de gobierno pretende facilitar el desarrollo urbanístico. Esperemos que así sea.

El futuro de Madrid Central

Madrid Central se convirtió en uno de los emblemas de la gestión municipal de Manuela Carmena y acaso por ello fue objeto de numerosas críticas por parte de todos aquellos que se oponían por principio a su equipo de gobierno. Sin embargo, la idea de fondo de Madrid Central no es necesariamente negativa. El centro de las ciudades es un espacio congestionado por el tráfico y que, en consecuencia, también provoca problemas de contaminación. Por consiguiente, restringir de algún modo el volumen de vehículos que circulan a diario por el centro de la capital es algo razonable y necesario. Cuestión distinta, eso sí, es que semejante restricción haya que efectuarla a través de las medidas contenidas en Madrid Central. El soterramiento de la Gran Vía (como propone Vox) o una tarifa de congestión (como existe en Londres) pueden ser mejores soluciones que meramente cerrar el tráfico a los no residentes.