Parálisis en empleo e insolvencia de pensiones

Pablo Iglesias aspira a un Gobierno de coalición (o cooperación, como queramos llamarlo) con el PSOE. No sólo –que también– como forma de sobrevivir políticamente tras un calamitoso resultado electoral, sino, según él mismo ha reiterado en numerosas ocasiones, como mecanismo para «controlar» que el Gobierno de Sánchez aplica una agenda de izquierda radical. O dicho de otro modo, de lo que se trata en el fondo es, primero, de entrar al Consejo de Ministros para influir (y tener constancia de primera mano) en las deliberaciones que allí se producen; y, segundo, de ejercer un control directo sobre diversos departamentos de la administración pública. A la postre, un ministerio otorga un enorme grado de control sobre áreas tan variadas como el mercado laboral, la vivienda, la política industrial o los impuestos. De hecho, ésas son algunas de las áreas que desde Podemos le han reclamado al PSOE. No para lucirse a modo de florero al frente de ellas, sino para decidir sobre asuntos que afectan crucialmente a la vida de los ciudadanos.

De ahí, en suma, que un Ejecutivo PSOE-Podemos resulte tan peligroso. No porque Podemos quiera lucirse propagandísticamente, sino porque busca inocular sus desnortados dogmas ideológicos en el Boletín Oficial del Estado. Cuatro son, de hecho, los ámbitos económicos a los que Pablo Iglesias desearía meter mano.

Primero, Ministerio de Trabajo. Desde allí, la formación morada adquiriría la potestad no sólo de derogar la reforma laboral del año 2012, sino también la de incrementar el salario mínimo hasta 1.200 euros mensuales (o, más bien, 1.400 euros mensuales una vez prorrateamos las pagas extras), de reducir la jornada laboral hasta 34 horas semanales e incluso de pilotar la imprescindible reforma de la Seguridad Social. Los riesgos son, pues, más que evidentes: parálisis de la creación de empleo (cuando todavía cargamos con una tasa de paro del 14%) y consolidación de la insolvencia de las pensiones públicas. Nuestro mercado laboral y nuestro sistema de pensiones necesitan de mayor libertad y de mayor responsabilidad individual: justo lo opuesto de lo que impulsa Podemos.

Segundo, Ministerio de Vivienda. Desde allí, Podemos tendría la competencia para implantar un control de precios generalizado sobre los alquileres, vetar a las socimis (y, por tanto, a la profesionalización del mercado del alquiler), cargarse los pisos turísticos y penalizar fiscalmente –o incluso expropiar– aquellas viviendas que se hallaran vacías. Huelga decir que los efectos de esta política antivivienda consistirían en reducir cuantitativa y cualitativa de la oferta inmobiliaria de alquiler (es decir, menos y peor vivienda), algo que dificultaría el acceso a un hogar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Nuestro mercado inmobiliario necesita de mayor libertad para que pueda aumentar la oferta de vivienda y, por tanto, abaratar su precio: justo lo opuesto de lo que impulsa Podemos.

Tercero, Ministerio de Industria (unido o no al gabinete de Transición Ecológica o al de Energía). Desde allí, Pablo Iglesias podría fijar los precios de la electricidad, crear una empresa energética estatal, promover centrales anticompetitivas, restringir ineficientemente el uso del automóvil, hipersubvencionar sectores ruinosos pero supuestamente sostenibles desde un punto de vista ecológico, controlar el proceso de digitalización de nuestras empresas y, en última instancia, planificar el conjunto del aparato productivo español. Nuestra economía necesita de una liberalización competitiva que, manteniendo a raya los costes, maximice la generación global de valor: y eso es justo lo opuesto de lo que propone Podemos con sus ínfulas de zarismo industrial.

Y cuarto, Ministerio de Hacienda. Desde allí, Podemos machacaría inclementemente a impuestos al conjunto de la ciudadanía, pero sobre todo al tejido empresarial y a los trabajadores cualificados. Los de Pablo Iglesias han repetido en numerosas ocasiones que aspiran a aumentar la presión fiscal que pesa sobre los españoles en más de 80.000 millones de euros anuales.

Y, en caso de que controlaran el Ministerio de Hacienda, no dudarían en empujarnos hacia tan pauperizador escenario. Nuestra economía necesita de muchos menos impuestos para así facilitar que familias y empresas generen riqueza: y eso es justo lo opuesto de lo que impulsa Podemos.

En definitiva, un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidos Podemos va mucho más allá de la foto de cara a la galería: según las parcelas del Gobierno que se les otorgaran a los de Iglesias, padeceríamos a un Ejecutivo letal contra nuestra economía.