Izquierda y extrema izquierda

El discurso de investidura de Pedro Sánchez fue en gran medida una colección de lugares comunes que bien podría terminar compatibilizándose con un programa económico de extrema izquierda o con un plan de gobierno de centro-izquierda. Una calculada ambigüedad para ora pactar con Unidas Podemos ora romper la baraja de las negociaciones y concurrir a unas elecciones con un aparente giro al centro. Y es que, en efecto, el candidato socialista a la investidura ha puesto de manifiesto algunos de retos fundamentales de España: la elevada tasa de paro (incluso en plena recuperación económica); la inaceptable tasa de temporalidad (un problema estructural dentro de nuestro aparato productivo); la situación de pobreza o de bajos ingresos de centenares de miles de personas; el expansivo precio de la vivienda; la insostenibilidad del sistema público de pensiones; o la inadaptación de España para la transformación digital que se avecina. Pocos negarán que todos ellos constituyen problemas reales de nuestra economía pero, claro, la cuestión es cómo afrontarlos. La izquierda lleva en su ADN apostar por la planificación centralizada para solucionar cualquier dificultad: es decir, la izquierda defiende las subidas del gasto público (y, en consecuencia, también de los impuestos) y las regulaciones de la actividad productiva. Sánchez, de hecho, no fue ajeno a estas líneas maestras en su alocución ante la Cámara: aumentar el gasto en educación hasta el 5% del PIB, relanzar el gasto en I+D+i hasta el 2% del PIB, aumentar las cotizaciones sociales a los autónomos, imponer la Tasa Google, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, impulsar un nuevo Plan Director por el Trabajo Digno, destinar más recursos al Plan de Transformación Digital, desarrollar un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil, revisar el Plan Estatal de Vivienda, etc. En suma: más Estado para hacer frente a los retos económicos a los que nos enfrentamos. Hasta aquí nada demasiado sorprendente: como decíamos, la izquierda típicamente plantea un ensanchamiento del sector público frente al sector privado habida cuenta su natural desconfianza hacia la libertad individual y la cooperación voluntaria. Pero claramente no toda la izquierda es igual de radical en sus propuestas: a la postre, no agrandará tanto el Estado un centro-izquierda a la Ciudadanos que una extrema izquierda a la Podemos. Los de Pablo Iglesias bien sabemos que pretenden masacrar impositivamente a los españoles (subida del IRPF, de las cotizaciones sociales, del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o del Impuesto sobre Patrimonio) para disparar el tamaño del Estado (en diversas ocasiones han manifestado que desearían incrementarlo hasta copar, al menos, el 50% del PIB), así como asfixiar legislativamente cualquier atisbo de iniciativa empresarial e inversora (derogar al completo la reforma laboral de 2012, controlar los precios de la vivienda o estatalizar parte del sector bancario y del sector energético). En definitiva, entre el centro-izquierda —o incluso la izquierda— que podría representar el PSOE y la extrema izquierda que ciertamente representa Unidas Podemos hay una diferencia enorme: la misma que hay entre ralentizar la economía española y entre condenarla al completo estancamiento. De ahí que, desde luego, sería harto positivo para España que Sánchez no alcanzara un gobierno de coalición con Unidos Podemos, pero para ello debería formalizar una oferta programática mínimamente aceptable a Partido Popular y Ciudadanos para lograr su abstención: por ejemplo, no subir impuestos durante la presente legislatura, no alterar los aspectos esenciales de la reforma laboral, no imponer controles de precios a los alquileres o no crear nuevas empresas públicas. Sin compromisos creíbles que lo alejen de la extrema izquierda, sería suicida que PP y Cs fueran cómplices en permitir el arranque de esta legislatura.