Manos a la obra

Un ayuntamiento existe para resolver los problemas comunitarios básicos a los que se enfrentan los vecinos: organizar la recogida de basuras, limpiar las calles, garantizar la seguridad urbana, mantener el alumbrado, conservar los parques y el arbolado o evitar los excesos dañinos de la contaminación local. Dentro de esas competencias típicas de los ayuntamientos también encontramos el desarrollo urbano, es decir, facilitar suelo (y el resto de infraestructura municipal) para la construcción de nuevos edificios que permitan acoger a los nuevos residentes que deseen instalarse en la cuidad. De hecho, en un momento en el que los precios de la vivienda están disparándose en las capitales españolas, lo lógico sería que los principales ayuntamientos de España impulsaran la edificación de más suelo. Ante el crecimiento de la demanda, nada mejor que fomentar la oferta para contener la escalada inflacionista. Sin embargo, nuestros consistorios suelen ser reacios a fomentar el aumento de la oferta de ladrillo, en parte por cerrazón ideológica (desde la izquierda y la extrema izquierda tiende a haber una fuerte aversión hacia las grúas privadas), en parte por el interés de sus votantes (el 80% de las familias son propietarias de al menos una vivienda y por tanto se enriquecen con precios altos) y en parte por el interés del propio consistorio. Desarrollar una nueva zona urbana supone un incremento de gastos, aunque altos precios de la vivienda terminan traduciéndose en un incremento de la recaudación municipal. De ahí que constituya una buena noticia el que, después de más de un cuarto de siglo de bloqueo continuado, el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado, y por unanimidad, el proyecto Madrid Nuevo Norte, más popularmente conocido como Operación Chamartín. Se trata de la empresa urbanística más importante que va a afrontar Martínez-Almeida durante su alcaldía y que permitirá la construcción de 10.500 nuevas viviendas. Es justo este incremento de la oferta de inmuebles lo que necesita la capital de España para mantener a raya los precios, facilitar la accesibilidad a un hogar y retener talento (y no ocurrencias como la que hace unas semanas tuvieron PP y Cs de otorgar una ayuda de 150 euros mensuales a los menores de 35 años que desearan alquilar una vivienda). No debemos olvidar que la forma final de la Operación Chamartín es una versión mutilada de la que ya presentó hace un lustro Ana Botella, donde se preveía la construcción de 17.000 viviendas (un 62% más que ahora). De haber sido desarrollada por Manuela Carmena, no solo buena parte de la Operación Chamartín ya estaría terminada a estas alturas de la década, sino que, además, dispondríamos de más espacio habitacional del que dispondremos en el futuro. Al final, PP y Cs han preferido dar luz verde inmediata al proyecto elaborado por Carmena en lugar de volver a enterrarlo (como hizo Carmena con el de Botella) para evitar retrasar nuevamente el desarrollo de la zona. Celebremos que, al menos, ya podemos ponernos manos a la obra.