Respuestas al independentismo

La insurrección independentista catalana requería una respuesta judicial, que aclarara quién y en qué se transgredió la ley durante los hechos que culminaron en septiembre y octubre de 2017. Así se ha hecho por parte del Estado, en particular con el proceso que ha tenido lugar ante el Tribunal Supremo. También requería una respuesta política –efectivamente, y ya que tanto se ha hablado de ella–, que, en cualquier país de nuestro entorno, como antes se decía, habría llevado a revalidar y profundizar los consensos nacionales entre los grandes partidos. Pero España en esto sigue siendo singular, y la respuesta fue tardía, de índole puramente utilitaria y alcance muy limitado.

Hay, además, otras formas de afrontar lo ocurrido. Una de ellas la acaba de proponer Sociedad Civil Catalana, una asociación que desde el 2014 se esfuerza por elaborar grandes acuerdos sociales y culturales capaces de responder al nacionalismo (véase su última publicación, la estupenda «En defensa de la democracia»). Se trata, según ha declarado su nuevo presidente, de ofrecer a los dos millones de personas que respaldan la separación de Cataluña, alguna clase de horizonte común con el resto de españoles. Aquí hay mucho por hacer, desde una mayor corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas a una nueva ley de lenguas. Se trata de plantear un horizonte atractivo para todos, en la que los catalanes, independentistas o no independentistas, se sientan, al menos parte, protagonistas de un futuro común.

Es algo, en realidad, que nunca se ha abordado con seriedad. Hasta la aplicación del artículo 155, los nacionalistas catalanes tenían –como es lógico– la capacidad de intervenir en los asuntos nacionales, pero se reservaban, como un coto cerrado, la acción en la Comunidad Autónoma catalana. No parece que la propuesta, abierta y por discutir, de Sociedad Civil Catalana intente volver a aquel estado de cosas. No es incompatible, más bien al revés, con la exigencia de que en Cataluña se cumpla, como en cualquier otra parte del territorio español, la Constitución y la ley, y que allí se haga presente el Estado español, que nos representa a todos y al bien común que sintetizamos con la palabra España. Y todo se vería favorecido si en vez de promocionar una visión negativa de España, y a falta de un consenso político nacional, el Estado ofreciera una idea positiva e integradora de nuestro país.