La losa financiera de las pensiones

Cuando nos referimos al endeudamiento público de España, solemos afirmar que se ubica cerca del 100% del PIB. Con esta aseveración, estamos reflejando cuál es el coste de amortización de las obligaciones financieras que las administraciones han emitido en los mercados. La cifra es importante porque refleja aquella parte de los pasivos públicos que son más sensibles a los cambios de percepción en la solvencia del Gobierno. En tanto en cuanto necesitamos refinanciar anualmente un porcentaje de los mismos, no nos queda otro remedio que monitorizar muy de cerca tal guarismo y tratar de estabilizarlo. Ahora bien, sería muy ingenuo pensar que ésas son las únicas deudas de un Estado. Aparte de los pasivos emitidos y negociados en los mercados, nuestros gobernantes también suelen asumir obligaciones de pago a muy largo plazo con su ciudadanía. Tomemos dos ejemplos ilustrativos: sanidad y pensiones. Dentro de los sistemas de sanidad pública universal, el Estado se compromete a cubrir cualquier tratamiento de cualquier persona cualquiera que sea su coste. Conforme la población va envejeciendo, ese compromiso irá resultando cada vez más gravoso (el gasto sanitario de una persona de más de 70 años es cuatro veces superior a la media), lo que significa que –si el Gobierno quiere respetarlo– habrá de hacer frente a unos voluminosos pagos futuros que, aproximadamente, ya podrían cuantificarse a día de hoy y que, en consecuencia, podrían ser representados como deuda presente. Lo mismo sucede con las pensiones. Aquellos Estados que mantienen sistemas de pensiones públicas han asumido una deuda con los pensionistas futuros que, nuevamente, podría cuantificarse en la actualidad para adquirir consciencia de cuál es la verdadera situación financiera de nuestro Estado. Pues bien, justo esto último es lo que acaba de hacer el BCE en su último boletín económico (5/2019). El banco ha estimado cuál es el valor presente de las deudas pensionales futuras del sector público español y la cifra horroriza: el 270% del PIB. Es decir, que si ya nos preocupamos por una deuda emitida equivalente al 100% del PIB, ¿qué no hacer con unas obligaciones implícitas que totalizan el 270% del PIB? Es decir, ¿qué no hacer una vez devenimos conscientes de que los pasivos de nuestro sector público bien podrían superar el 400% de nuestro PIB (una vez añadimos no sólo los pensionales, sino también los sanitarios y otros análogos)? Los números son preocupantes, pero no habría que alarmarse. A diferencia de los bonos emitidos y negociados en los mercados financieros, el Estado sí puede impagar parcialmente sus deudas en materia de pensiones o de sanidad. Lo llaman «reforma de las pensiones» o «reforma de la sanidad» y constituye un recorte del gasto público presente y futuro que alivia nuestro endeudamiento total. Lo que no alivia, eso sí, es la desprotección de un ciudadano que ve cómo sus impuestos no bajan y sí, en cambio, como las prestaciones públicas que esperaba obtener a cambio de ellos van recortándose.