25.000 millones de peaje para fagocitar Podemos

Es bien posible que Pedro Sánchez se halle inmerso en una batalla por el relato para arrinconar a Podemos en caso de unas nuevas elecciones: una campaña de propaganda dirigida a culpar a los morados del fracaso de la investidura para así atraer a sus votantes desencantados. En sí misma, la táctica no constituye una mala noticia para nuestro país: desde luego, sería muy preferible para nuestra estabilidad institucional y para nuestra prosperidad a largo plazo que el votante de izquierdas se reuniera en masa alrededor del más moderado PSOE que alrededor del extremismo izquierdista de Podemos. Con todo, mucho me temo que el peaje que están teniendo que pagar los socialistas para fagocitar a Podemos pasa por parecerse cada vez más a Podemos, lo que termina desplazando el eje ideológico del socialismo patrio hacia posiciones crecientemente antimercado.

Así las cosas, en las 370 medidas que este martes presentó el PSOE –no para atraer a Podemos a la investidura, sino para seducir al votante de Iglesias en caso de repetición electoral– encontramos un batiburrillo de ideas que todas ellas conducen al mismo lugar: más gasto público, más impuestos y más regulaciones. Es decir, más Estado y menos mercado.

Empecemos con las medidas que suponen un mayor gasto público. El PSOE promete guarderías infantiles gratuitas, incorporar la atención bucodental a la sanidad pública, crear una renta mínima de inserción de carácter nacional y blindar constitucionalmente la revalorización de las pensiones al IPC. La factura total de este paquete dependerá de cómo se terminen articulando cada una de estas propuestas, pero su coste total difícilmente se ubicará por debajo de los 2 puntos anuales de PIB, esto es, del equivalente a unos 25.000 millones de euros actuales. Y a ello a pesar de que se trata de medidas o innecesarias (los españoles ya cuentan con un excelente sistema privado de atención bucodental que haríamos muy mal en estatalizar), irresponsables (el déficit de la Seguridad Social va a estallar en el futuro, de modo que carece de sentido prometer indexar las pensiones al IPC), o improcedentes en su configuración actual (una renta mínima de inserción podría tener sentido si elimináramos todas las trabas que existen a la empleabilidad; asimismo, aumentar el gasto en escuelas infantiles podría ser razonable si se hiciera a costa de reducir el regresivo gasto público universitario).

Tal orgía de gasto público inevitablemente deberá sufragarse con mucho más impuestos, y eso es lo que en definitiva propone Pedro Sánchez: aumentar el IRPF a las rentas más altas, establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sucesiones, castigar fiscalmente el ahorro o aprobar la famosa Tasa Google que las grandes tecnológicas estadounidenses ya han alertado que piensan repercutir a sus usuarios. Es decir, penalizar la generación de riqueza dentro de nuestro país gravando el capital humano, el capital financiero, el capital físico y el capital tecnológico: una receta para el empobrecimiento. A cambio de esa riada de nuevos tributos, eso sí, Pedro Sánchez se compromete a rebajar testimonialmente en un 2 por ciento el Impuesto sobre Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros: un alivio de cara a la galería que en nada contribuirá a incrementar la inversión y el crecimiento de esas compañías (pues a poco que aumenten su tamaño, volverán a ser castigadas con un alto gravamen en Sociedades).

Por último, Sánchez no se conforma con acrecentar el gasto público y los impuestos que recaen sobre los ciudadanos, sino que también pretende desplegar sus tentáculos regulatorios a lo largo y ancho de la economía.

Así, entre sus 370 medidas también podemos encontrar el compromiso de obligar a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes a aplicar restricciones al tráfico similares a Madrid Central (obstaculizando de este modo la adopción de otras medidas más eficientes como los peajes urbanos dinámicos), derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral (una idea pendiente de concreción pero que, en todo caso, constituye una amenaza en una economía que está padeciendo una cada vez más evidente desaceleración y que debería huir de toda rigidez en los precios), abaratar las rentas de alquiler por la vía de movilizar el stock de viviendas vacías (cuando el encarecimiento de la vivienda no se debe a que haya un abundantísimo stock de viviendas desocupadas en nuestro país, el cual en todo caso se halla en mínimos históricos, sino al aumento de la demanda que se ha producido al calor de la recuperación) o incluso prohibir la venta de vehículos diésel o gasolina a partir del año 2040. En otras palabras, se trata de añadir más carga regulatoria desnortada a una economía que si algo necesita en estos momentos de frenazo es de mucha más flexibilidad para readaptarse a los shocks externos venideros (guerra comercial, Brexit o crisis argentina).

Más gasto, más impuestos y más regulaciones no es una fórmula que vaya a reportarle buenos resultados a nuestro país: no lo haría en tiempos de bonanza y mucho menos lo hará en tiempos de desaceleración.

Ojalá Pedro Sánchez sólo esté impostando un programa podemizado para embaucar a parte del electorado de Pablo Iglesias y no para aplicarlo desde el Ejecutivo: pero, al final, puede suceder que el personaje termine devorando al actor y que sea Podemos quien acabe abduciendo ideológicamente al PSOE.