El chantaje de las entregas a cuenta

Que el Gobierno socialista haya decidido desbloquear justo ahora, cuando la convocatoria de nuevas elecciones ya es inaplazable, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, dice mucho de la concepción de la política, de los impuestos y de los servicios públicos que exhiben Pedro Sánchez y sus adláteres. A la postre, el momento no es casual: durante los últimos meses, el Ejecutivo socialista ha estado deliberadamente reteniendo fondos que conforman los ingresos ordinarios de las administraciones autonómicas con el fin de asfixiar financieramente a los barones populares para que estos, a su vez, presionaran a Casado con que se abstuviera en la investidura de Sánchez. Si la condición para liberar los recursos que necesitaban las autonomías a fin de sufragar los gastos consustanciales a sus competencias era que «el Gobierno se pusiera en marcha», parecía probable que los presidentes autonómicos tuvieran un fuerte interés en que el proceso de investidura no se alargara innecesariamente. Pero, consumado el plazo para la convocatoria automática de nuevas elecciones, la utilidad de tal herramienta de chantaje ha decaído y, milagrosamente, el Gobierno ha descubierto de súbito que puede liberar los fondos autonómicos que llevaban meses retenidos. Pero, como decía, al menos toda esta historia ha servido para poner de relieve la torticera visión que Sánchez tiene de la política, de los impuestos y de los servicios públicos. Primero, la política es un oficio consistente en la conquista del poder sin mayores restricciones que aquellas que conscientemente impongan los votantes. No se trata de servir al bien común o al interés general (signifiquen estos términos lo que signifiquen) sino de conquistar el interés particular aun a costa de los demás. Segundo, los impuestos son dinero público que, de acuerdo con la célebre máxima de su vicepresidenta del Gobierno, «no son de nadie», de manera que el político puede utilizarlos como herramienta de conquista y de consolidación de su poder. Por ejemplo, reteniéndoselos a las autonomías como forma de chantaje contra sus dirigentes. Y tercero, los servicios públicos no son, dentro de la «realpolitik» sanchista, vías para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, sino mecanismos de generar dependencia hacia el poder político entre los ciudadanos. Así, si hace falta interrumpir la financiación a esos servicios públicos en perjuicio de la ciudadanía, será del todo pertinente hacerlo. En suma, para el sanchismo, el líder va antes que el partido y el partido antes que la sociedad: instrumentación de la política para colmar las ambiciones personalistas. La cuestión, pues, debería ser la de cómo nos blindamos los españoles frente a un uso tan ruin de la administración pública, esto es, de qué modo podemos protegernos los ciudadanos frente a nuestros gobernantes. Y, claro, la solución principal pasa por que nos volvamos más responsables de nuestras propias vidas, de modo que no sean otros quienes gestionen nuestra libertad y nuestro dinero en su propio interés. Ojalá experiencias como esta nos demuestren, por enésima vez, por qué no hemos de colocar a los zorros al cuidado del gallinero.