Pensiones: no es el momento de subirlas

Este fin de semana, pensionistas de Andalucía y el País Vasco iniciaron sus marchas hacia Madrid «en defensa de unas pensiones dignas», a saber, en defensa de una derogación de las dos últimas reformas de las pensiones (por las que se está elevando la edad de jubilación a los 67 años, se ha modificado el método de cálculo de la pensión, se ha desindexado la revalorización de estas rentas del IPC y se ha introducido el Factor de Equidad Intergeneracional), un incremento de las pensiones mínimas hasta 1.080 euros mensuales y una equiparación de las pensiones de viudedad con las de jubilación.

Por sí sola, la Seguridad Social ya se halla en una situación financiera crítica: siendo optimistas, concluiremos el presente ejercicio con un déficit de 16.000 millones de euros (si la rápida desaceleración que experimentamos no agrava ese agujero). Pero si aplicamos el recetario de estas agrupaciones de pensionistas, el agujero a medio plazo se iría por encima de los 100.000 millones de euros, derogar las reformas de 2011 y 2013 tiene un coste medio adicional de unos 60.000 millones de euros por año y elevar las pensiones mínimas a 1.080 euros mensuales, uno superior a los 30.000 millones de euros por año. Lo cierto es que la demagogia que emplean muchos de esos colectivos acerca de la extrema insuficiencia de los ingresos pensionales en España no está justificada.

Primero, la pensión media por jubilación de los nuevos pensionistas asciende a 1.416 euros mensuales, el mismo importe que el salario mediano de la economía española, es decir, aquellos que han de financiar las pensiones (los trabajadores a modo de cotizantes a la Seguridad Social) están cobrando montos no muy alejados a los de los nuevos jubilados.

Segundo, incluso quitando el foco de los nuevos jubilados y colocándolo sobre el conjunto de los pensionistas, éstos perciben de la Seguridad Social unas rentas que, después de impuestos, equivalen a más del 80% del salario que ellos mismos percibían como trabajadores, una de las ratios más generosas de toda Europa.

Tercero, un pensionista medio recupera en apenas 12 años todo el dinero que ha cotizado al esquema público: por ello, todo ingreso extra a partir del decimotercer año de jubilación ya implica un agujero financiero para la Seguridad Social incluso desde la perspectiva vital de cada particular.

Cuarto, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los pensionistas ha caído casi diez puntos en la crisis económica (del 26% al 17% de la población) y la del resto de trabajadores ha subido hasta ubicarse por encima de la de los pensionistas (del 21% al 27%), hay más «pobres» entre quienes pagan que entre quienes cobran. En definitiva, reclamar pensiones todavía más altas (y por tanto cotizaciones mucho más elevadas) en un contexto de insolvencia de la Seguridad Social es profundamente irresponsable.