Pensiones electoralistas

En nuestras economías basadas en el crédito laxo, la inflación suele estar positivamente relacionada con el crecimiento económico. Cuando crecemos mucho y los agentes económicos deciden endeudarse movidos por las buenas expectativa, la inflación tiende a aumentar; cuando, en cambio, nuestro ritmo de expansión se frena y, espoleados por los nubarrones en el horizonte, los agentes económicos optan por dejar de endeudarse (o incluso por desapalancarse), la inflación tiende a contenerse. España se está ahora mismo desacelerando y, en consecuencia, el IPC ha empezado a seguir un camino similar: en 2019, el avance de nuestros precios se ha ralentizado de un modo continuado. Ayer mismo, el INE confirmó que la tasa interanual del IPC en septiembre apenas ascendió al 0,1%. Es decir, que entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 disfrutamos en promedio de estabilidad de precios. El dato, más allá de constituir un nuevo síntoma de la falta de dinamismo de nuestra economía, también debería hacernos reflexionar sobre la mala (y demagoga) administración que nuestros políticos efectúan de los fondos públicos. En noviembre de 2018 (acaso para ir abonando el terreno de las elecciones generales de abril), Pedro Sánchez revalorizó las pensiones con la previsión de inflación del Gobierno para el presente curso: un 1,6%. La lógica de esta práctica era simple: si los precios van a avanzar un 1,6% durante 2019, convendrá que adelantemos esos sobrecostes a nuestros pensionistas para que puedan hacer frente al encarecimiento del coste de la vida; y si, a lo largo de 2019, la inflación superara las previsiones iniciales del Ejecutivo, devendría necesario compensar a los pensionistas por la diferencia. Pero, ¿qué sucede cuando, como ha pasado en 2019, la previsión de inflación del Gobierno es mucho más alta que la finalmente existente? Recordemos que el PSOE previó un IPC del 1,6% y, a pocos meses de finalizar el año, se halla en el 0,1%. En teoría, los pensionistas deberían devolver esa paga extraordinaria por cuanto buscaba compensar un sobregasto que finalmente no se ha materializado. Pero, como es obvio, la administración no va a requerirles a los pensionistas que devuelvan un dinero que originalmente se les dio, de modo que el error de cálculo del Ejecutivo socialista habrá terminado costando a los contribuyentes más de 1.000 millones de euros. Lo peor es que el PSOE parece querer perseverar en tan caro e imprudente error: Sánchez ya ha comunicado que piensa volver a revalorizar las pensiones de acuerdo con la previsión de IPC del Ejecutivo. En realidad, aun cuando la previsión de IPC fuera modestamente positiva, no habría que incrementarlas en nada, puesto que el alza que experimentaron en 2018 para cubrir la inexistente inflación de 2019 ya debería bastar para contrarrestar cualquier posible elevación de los precios en 2020. Pero, de nuevo, estamos cerca de unos comicios generales y el electoralismo manda. Paga el contribuyente.