Reforzar el derecho de propiedad

Los derechos de propiedad son la base de la prosperidad económica de cualquier país. Sin propiedad privada, ni somos capaces de coordinarnos económicamente ni tenemos los incentivos a hacerlo. Así, por un lado, la propiedad privada es esencial para que cada individuo pueda gestionar su vida como lo desee y, por tanto, para que pueda iniciar aquellos proyectos empresariales que juzgue más provechosos: en un mundo donde el Estado controlara el grueso de los recursos (por ejemplo, en una economía socialista), nadie sin la autorización estatal (sin el plácet político) podría poner en práctica sus ideas sobre qué bienes producir y sobre cómo producirlos. De este modo, la propiedad privada permite la descentralización de la experimentación empresarial: esto es, permite que florezcan planes de negocio muy diversos, entre los que sólo terminarán prosperando aquellos que generen mayor valor para los consumidores. La competencia entre todos ellos purgará los malos y reforzará a los buenos. Pero, a su vez, la propiedad privada también es crucial para incentivar la inversión a largo plazo. No basta con que las personas tengan un derecho genérico a emprender cómo deseen, sino que, a su vez, han de estar seguras de que serán capaces de conservar la titularidad sobre sus bienes según pase el tiempo (a saber, que tales bienes no serán objeto de expropiación caprichosa por parte de los gobernantes o de algún grupo mafioso). Sin una protección reforzada de la propiedad privada, pues, nuestra capacidad de desarrollo a largo plazo se ve enormemente constreñida. Los ahorradores no ahorran y los inversores no invierten en aquello que creen más valioso. Por consiguiente, no se acumula capital, no se promueve la innovación y, en definitiva, nuestros ingresos per cápita se mantienen estancados. De ahí que cualquier país debiera estar enormemente interesado en defender de manera escrupulosa el derecho de propiedad privada de sus ciudadanos. No sólo porque sea moralmente justo, sino porque es un trampolín a la prosperidad. Por desgracia, España no está entre esas sociedades que garantizan con solvencia los derechos de propiedad. De acuerdo con el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por la Property Rights Alliance y recientemente publicado en España por el Instituto de Estudios Económicos, nuestro país se ubica en la posición 27 (de las 36 que componen la OCDE) en cuanto a protección de derechos de propiedad: apenas conseguimos una nota de 6,4 que nos posiciona por detrás de Portugal (6,9), República Checa (7), Irlanda (7,6), Alemania (7,8), Reino Unido (8), Estados Unidos (8,2) y, por supuesto, Suiza (8,5). ¿Por qué puntuamos tan bajo? Por la inseguridad jurídica vinculada a los litigios para recuperar la propiedad física, por la falta de independencia judicial o por la escasez de financiación. Necesitamos mejorar enormemente el marco legal dentro del que se inscribe la propiedad privada en España pero, por desgracia, nuestros partidos políticos no parecen estar por la labor. Al contrario, muchos de ellos sólo están pensando en nuevas estrategias para parasitar en mayor medida las propiedades ajenas.