Efectos económicos del acuerdo PSOE-Podemos

Finalmente, Sánchez ha optado por echarse en los brazos de la extrema izquierda. El socialista podría haber escogido un gobierno de moderación, apoyado activa o pasivamente por PP y Ciudadanos, pero ha preferido una coalición de radicalidad populista. La razón es sencilla de entender: Sánchez, como todos los políticos, no mira por el bienestar del país sino por el suyo propio y, tras las últimas elecciones, comprobó que virando hacia el centro solo perdía votos, de modo que ahora se trata de dar el giro hacia la izquierda extrema. De momento, todavía no son demasiados los detalles que han trascendido sobre las medidas de política económica especificas que este Ejecutivo socialcomunista pretende aplicar, pero de la letra pequeña del texto que ratifica la coalición sí pueden extraerse varias conclusiones. Primero, habrá contrarreforma laboral. Todavía no sabemos con qué extensión (pues al menos el acuerdo no habla de abrogar los cambios que introdujo el PP), pero sí que se postula un sustancial encarecimiento de la contratación temporal, y si éste no va acompañado de un paralelo abaratamiento de la contratación indefinida (algo que no parece que vaya a suceder), lo que tendremos es menor contratación. Segundo, va a haber un incremento importante del gasto público. El acuerdo habla concretamente de educación, sanidad, pensiones y dependencia, pero ello no excluye obviamente otras posibles partidas. Siendo conservadores, el aumento de los desembolsos estatales supondrá, como mínimo, un 1-1,5% más de PIB por año. El problema es que no está muy claro cómo piensan financiarlo sin aumentar los tributos sobre el conjunto de la población. A la postre, el documento habla de avanzar en la «justicia fiscal» (que en lenguaje de la izquierda no supone otra cosa que subir impuestos «a los ricos»), pero los las subidas impositivas que ambos partidos formalizaron en el anteproyecto de presupuestos de 2019 apenas aportaban unos nuevos ingresos equivalentes al 0,5% del PIB, de modo que existe un agujero financiero en esta propuesta que o bien se saldará con más impuestos sobre el resto de la ciudadanía o con más deuda. Y, por último, el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos también propugna más regulación estatal en ámbitos como el inmobiliario (en el que probablemente se establecerán controles parciales sobre los precios de los alquileres) o en la política industrial (donde habrá un diseño mucho más directo de dónde y cómo han de invertir las empresas españolas). En general, se trata de una coalición de gobierno que nos abocará a más gasto público, más impuestos, más déficit y más regulaciones. A una especie de zapaterismo 2.0 en medio de una cada vez más gravosa desaceleración. Mucho me temo que durante los próximos años recordaremos con añoranza los últimos meses de absoluta parálisis legislativa en la que, si bien no impulsábamos ninguna de las reformas que necesita nuestro país, al menos no remábamos en la dirección opuesta a las mismas y contábamos con una cierta certidumbre legislativa. A partir de ahora, lo único seguro es que la política económica será entre neutral y muy negativa para nuestro país.