El sablazo fiscal que promueve Podemos

Si la aritmética parlamentaria no termina frustrándolo, Podemos formará parte del próximo Gobierno de España. Y si bien todavía desconocemos las políticas específicas que articulará la coalición, sí sabemos (porque su programa electoral así lo refleja) cuáles son las medidas fiscales que le gustaría aplicar a Unidas Podemos. Es cierto que los de Pablo Iglesias no van a contar con un poder absoluto dentro del nuevo Ejecutivo (de modo que no les quedará otro remedio que negociar con el PSOE), pero su catálogo de subidas impositivas sí constituirá el punto de partida de las negociaciones. Es decir, las exigencias presupuestarias de base a un PSOE que ha quedado fuertemente debilitado tras los últimos comicios. Así pues, ¿cuáles son las peticiones tributarias de Unidas Podemos que figuran en su último programa electoral?
En primer lugar, una fuerte subida del IRPF para las rentas por encima de 100.000 euros anuales: si bien en la actualidad el tipo marginal a partir de esa cifra es del 45%, Podemos pretende elevarlo a entre el 47% y el 55%. El potencial recaudatorio de esta medida es muy escaso (inferior a los 1.000 millones de euros anuales, esto es, menos del 0,1% del PIB) y generaría fuertes distorsiones dentro de la economía (ahuyentaría al personal más cualificado), pero en Podemos les puede más el odio a la riqueza que el aprecio por la prosperidad general del país.
En segundo lugar, la formación morada también reivindica incrementar los impuestos que abonan todas las «grandes empresas» españolas y, con especial saña, la banca. Valiéndose del falaz argumento de que las grandes firmas apenas pagan un tipo efectivo del 7,7% sobre sus beneficios (cuando el tipo medio que realmente abona el Ibex supera el 20%), buscan crujir con mayor carga tributaria a las empresas españolas. El resultado de este tipo de políticas ya es conocido: desincentivan la inversión empresarial y, en última instancia, terminan dañando los salarios de los trabajadores.
Tercero, para acabar de rematar a las empresas más punteras, los de Podemos también reclaman instaurar un impuesto sobre las transacciones digitales y sobre las transacciones financieras, de modo que la capacidad de nuestras compañías para digitalizarse o para capitalizarse en los mercados bursátiles se verá mermada.
Cuarto, Podemos también aspira a una recentralización tributaria que otorgue más poder al Gobierno nacional para incrementar dentro de todo el territorio algunos impuestos hoy cedidos a las autonomías, como por ejemplo el de Sucesiones y Donaciones. La izquierda detesta la competencia fiscal entre administraciones y, por eso, está obsesionada con acabar con el oasis impositivo en el que se ha convertido la Comunidad de Madrid.
Y, por último, los de Iglesias también han propuesto un impuesto sobre los patrimonios superiores a un millón de euros. Aquellas personas que posean tal volumen de riqueza abonarían un tipo del 2% sobre este capital que, sin embargo, podría alcanzar hasta el 3,5% para los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. Aunque los gravámenes puedan parecer modestos, no lo son. Imaginemos un inversor que posee una empresa con un valor de mercado de 100 millones de euros, la cual genera unas ganancias netas de 4 millones de euros anuales. Con el impuesto diseñado por Podemos, este inversor debería pagar un impuesto de 3,5 millones de euros, lo cual equivaldría a un tipo del 87,5% sobre sus beneficios (y, no olvidemos, que estas ganancias también deberían abonar adicionalmente el 25% por Sociedades). Un auténtico expolio.
En definitiva, el programa fiscal con el que Podemos pretende influir al PSOE es un programa dirigido a rapiñar el ahorro, la inversión y, en suma, el crecimiento económico a largo plazo de nuestro país.

Las grandes empresas no tributan al 7,7%

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana un dato habitualmente repetido desde el PSOE y Podemos según el cual las grandes empresas españolas sólo tributaron el 7,7% durante 2017. Tan moderada cifra parecería dar alas a quienes reclaman una contundente subida del Impuesto sobre Sociedades, pero en realidad se trata de un dato falseado. Y es que, en primer lugar, esa ratio compara los impuestos pagados en España con los beneficios cosechados por nuestras grandes empresas en todo el planeta. Y, en segundo lugar, la cifra sólo tiene en cuenta los beneficios pero no las pérdidas de una sociedad (cuando los holdings tributan por el saldo neto de sus beneficios y sus pérdidas). Por consiguiente, se trata de una cifra manipulada dirigida únicamente a justificar el sablazo fiscal que prepara el próximo Gobierno.

Alemania esquiva la recesión

La desaceleración económica de España se debe (al menos de momento) al parón de la economía alemana, el cual se debe a su vez a la disrupción de los flujos comerciales globales a raíz del Brexit y de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Todo apuntaba a que Alemania iba a entrar en recesión durante el tercer trimestre de este año: el propio Bundesbank (el banco central germano) se había atrevido a adelantar ese escenario. Pero, al final, parece que la economía teutona ha recuperado algo de ritmo y se ha expandido a una tasa del 0,1%. No es mucho, pero ha esquivado la recesión. Sólo cabe esperar que, si la desaceleración global termina tocando fondo, nuestro país no continúe profundizando en ella como consecuencia de la mala política económica que se nos avecina.

El IPC se mantiene estancado

La evolución de los precios durante este año se mantiene prácticamente plana. La inflación interanual hasta el mes de octubre sigue siendo del 0,1%, esto es, nada. Que los precios no suban resulta indicativo de que nuestra economía se mantiene en baja forma: si el uso del crédito no despega y los recursos desempleados siguen siendo abundantes (todo ello signos de estancamiento), la inflación se mantiene baja. El dato, además, también pone de manifiesto la demagogia que empleó Sánchez revalorizando en campaña electoral las pensiones al 0,9%, en lugar de al 0,25% que marca la ley: no había ninguna necesidad real de desviarse del mandato legal, ni siquiera para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Fue una mera compra de votos a costa del sufrido contribuyente.