¿Hacia una recentralización fiscal?

Si finalmente termina saliendo adelante el Gobierno socialcomunista entre PSOE y Unidas Podemos, todo apunta a que asistiremos a un proceso de recentralización tributaria. Pese a que ambos partidos de izquierdas se han deshecho tradicionalmente en halagos hacia los beneficios y las ventajas del Estado autonómico –incluso han proclamado en numerosas ocasiones que deberíamos transitar hacia un Estado federal donde aumentáramos las transferencias competenciales a las administraciones territoriales–, también ambas formaciones políticas han expuesto con claridad su profunda repulsión hacia la competencia tributaria a la baja que han practicado durante los últimos años diversos gobiernos autonómicos y, muy en particular, el Ejecutivo madrileño desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Pese a que la diversidad de diferentes modelos impositivos es una característica consustancial a un Estado federal –los ciudadanos de las distintas administraciones regionales pueden exhibir preferencias heterogéneas respecto a qué servicios públicos desean que éstas les proporcionen, así como respecto a la carga fiscal máxima que aceptan que se les imponga–, éste parece ser el único de los rasgos autonomistas que incomoda de manera radical a la izquierda. De ahí que tanto PSOE como Podemos por separado, y también en el «pacto del abrazo» que ambos suscribieron recientemente, propusieran durante la campaña electoral el establecimiento de tipos nacionales mínimos en figuras fiscales actualmente cedidas a las autonomías, como son las de Sucesiones y Donaciones o la de Patrimonio. Lo que buscan impedir estos partidos de izquierdas es que gobiernos regionales del PP muestren al resto de ciudadanos españoles la existencia de políticas económicas alternativas a las que promueve la izquierda y, por eso, quieren armonizar al alza semejantes impuestos. En pocas palabras, una ofensiva directa contra la autonomía de la Comunidad de Madrid teledirigida desde el Ejecutivo central. Aquello que PSOE y Unidas Podemos no pudieron lograr en los comicios regionales –recordemos que estas formaciones incluían en su programa electoral para Madrid un importante incremento de los tributos sobre la riqueza, pero esta propuesta no obtuvo un respaldo suficiente de los madrileños– pretenden implantarlo ahora por la fuerza del decreto. Nótese, por cierto, que no estoy criticando que el Gobierno central pudiera querer establecer un tramo nacional en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o en el de Patrimonio para atender los gastos propios de ese Ejecutivo central. Tal extremo entraría de lleno en el funcionamiento normal de los Estados federales. Lo que sí estoy criticando es que el Gobierno central pretenda establecer un tipo mínimo en el tramo autonómico aun en contra de la voluntad y de las necesidades presupuestarias de algunas de las autonomías que lo sufrirán. El único propósito de semejante tipo mínimo autonómico sería limitar, en perjuicio de los contribuyentes de muchas regiones, las propias competencias de sus administraciones territoriales para aliviarles la losa tributaria que padecen: forzar un saqueo mínimo e indiscriminado contra la población. En suma, por paradójico que pudiera parecer, es muy probable que la primera gran recentralización que vayamos a vivir en España vaya a ser obra de la izquierda. Y no lo será para bien.