Subida del SMI: ¿un éxito?

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció en una reciente rueda de prensa que la subida del salario mínimo en 2019 había contribuido a incrementar tanto el número de personas trabajando dentro de la economía sumergida –más concretamente, entre los empleados domésticos– así como a reducir el número de horas extraordinarias que estaban siendo remuneradas –sobre todo, en el empleo agrario–. «¿Dónde están las 13.000 empleadas que han abandonado (el régimen de Seguridad Social)? Pues probablemente han pasado a la economía sumergida (…) Es posible que se paguen menos horas». Pese a que el propio Ejecutivo reconoce la existencia de damnificados, los socialistas insisten en vendernos el aumento del SMI como un éxito sin aristas. El mismísimo Granado, después de admitir los anteriormente mentados fracasos, concluyó que el alza del salario mínimo había sido beneficiosa en tanto en cuanto no había destruido masivamente puestos de trabajo. Pero es que todos aquellos que criticamos la elevación del SMI en más de un 20% a lo largo de 2019 no lo hicimos bajo el argumento de que pudiese abocar a la economía española a destruir puestos de trabajo en términos netos
–escenario difícilmente alcanzable salvo en casos de desaceleración o de recesión–, sino bajo el argumento de que habría diversos colectivos –especialmente entre los más débiles– que sí saldrían netamente perjudicados –por ejemplo, jóvenes, inmigrantes, jornaleros, servicio doméstico…–. O expresado de otro modo: nuestros gobernantes justifican la hiperregulación de la economía bajo el argumento de proteger a los sectores más frágiles de la sociedad y, al final, terminan siendo esos frágiles sectores las principales víctimas de tales corsés regulatorios. En el caso del SMI, todos aquellos trabajadores cuyo valor añadido dentro de una empresa sea inferior a la remuneración mínima que establece la ley tenderán a ser despedidos o, alternativamente, a pasar a la economía informal, no porque haya una confabulación de grandes empresas para maximizar sus ganancias a costa de minimizar los sueldos de sus trabajadores, sino porque nadie va pagarle a un trabajador más del valor que contribuye a generar –la práctica totalidad de las compañías que hoy abonan a sus trabajadores el SMI son pymes que no cuentan con margen para sufragar mayores salarios–. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y, por eso, el Ejecutivo debería replantearse muy seriamente su promesa de incrementar todavía más el SMI. Como poco, si está empeñado en hacerlo a pesar de las primeras luces rojas que el propio gobierno constata, debería esperar a contar con un informe riguroso e independiente que analice la totalidad de los efectos generados hasta el momento por esta medida. Sólo desde el conocimiento, y no desde la ceguera, cabe adoptar decisiones responsables. Por desgracia, parece que el sectarismo prevalecerá sobre el rigor y, en apenas unas semanas, el SMI volverá a incrementarse hasta los 1.000 euros mensuales en catorce pagas (1.166 en doce pagas). Cada vez más personas saldrán dañadas.