El control de alquileres no funciona en Suecia

La medida estrella de Podemos para solucionar los problemas de accesibilidad a la vivienda pasa por establecer (aún más) controles sobre los precios del alquiler en España. Los morados suelen defender su ocurrencia mencionando que otras ciudades europeas ya están aplicando semejante medida. Si nuestros más civilizados vecinos occidentales lo hacen, ¿por qué nosotros no? Evidentemente bastaría con recordar que las equivocaciones ajenas no constituyen una justificación válida para las equivocaciones propias, pero dado que a Podemos le gusta apelar a la experiencia europea, acaso convenga exponer cierta experiencia europea contradictoria: es decir, el caso de algunos países europeos que ya han experimentado largamente con los controles de alquileres y que están de vuelta de los mismos. Más en particular, me refiero al caso de Suecia. En Suecia, el precio de los alquileres no es determinado por el importe más elevado que esté dispuesto a abonar el inquilino, sino por un índice de precios públicos basado en lo que se denomina «valor útil» de la vivienda (el cual depende de medidas objetivas como la ubicación, la superficie, el equipamiento, etc.). Este índice público ha mantenido el precio de esos alquileres en niveles muy reducidos durante décadas (por ejemplo, un apartamento de una habitación en Estocolmo puede costar el equivalente a 450 euros), pero en contrapartida la demanda de alquiler se ha disparado muy por encima de la oferta disponible. Si la renta por arrendar un inmueble es muy baja, ni se sacan viviendas disponibles en alquiler ni se construyen nuevas viviendas para alquilar. Y así, cuando hay muchos más demandantes que oferentes sólo queda racionar la escasa oferta entre los abundantísimos demandantes. Una forma bastante corriente de practicar ese racionamiento es a través de las «colas» o listas de espera: los demandantes se apuntan por orden de solicitud en un listado público y, conforme van apareciendo unidades vacantes (en este caso, de vivienda en alquiler) se les van asignando. Los que primero se inscribieron cuentan con prioridad frente a los últimos, aun cuando la urgencia de estos sea mucho mayor a la de aquellos. El problema es que, en Estocolmo, las listas de espera para algunos barrios pueden llegar a ser de hasta 20 años. Mientras tanto, aquellos que deseen alquilar una vivienda no tienen otro remedio que acudir al mercado negro donde los arrendatarios oficiales subarriendan las viviendas que tienen asignadas por precios que pueden duplicar o triplicar los oficiales. Un despropósito que, además, tiene consecuencias negativas en el largo plazo: si las autoridades reducen artificialmente la rentabilidad de arrendar una vivienda, se iniciarán menos promociones de nueva vivienda y a los ciudadanos les resultará más complicado acceder a un hogar. En lugar de incrementar la oferta para así aumentar la disponibilidad de habitaciones, los controles de precios consiguen justo el efecto opuesto. De ahí que varios políticos suecos ya estén proclamando abiertamente la necesidad de poner fin a este perverso e ineficiente esquema. Este mismo año, el Gobierno de centro-izquierda sueco ha flexibilizado parcialmente este rígido control de alquileres, permitiendo que las nuevas construcciones se arrienden a precios de mercado y no a precios regulados. Parece, pues, que van reconociendo aquello que la extrema izquierda española se niega a admitir para nuestro país: que establecer precios máximos no funciona para ayudar a los más necesitados. Si de verdad queremos abaratar los alquileres, hemos de facilitar el desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias en las grandes ciudades. Es decir, hemos de liberalizar el suelo para que, a diferencia de lo que desea Podemos, los políticos tengan menos, y no más control, sobre el mercado inmobiliario.