Revanchismo social

Puede que la parte económica más escandalosa, llamativa y noticiable del acuerdo de gobierno socialcomunista entre PSOE y Podemos sea la fiscal. Y, desde luego, el aumento del IRPF a las rentas salariales superiores a 130.000 euros, a las rentas del capital por encima de 140.000 y a las compañías de mayor tamaño constituye una triste carta de presentación para el trabajador cualificado, para el gran ahorrador y el inversor empresarial: en esencia, el mensaje que se les está enviando es que van a ser parasitados en mayor medida que hasta la fecha salvo que, eso sí, decidan mantener su talento, su financiación y sus proyectos fuera de nuestro país. Todo eso, en suma, es lo que se nos viene encima merced al sablazo impositivo que prometen las izquierdas patrias: menor generación de riqueza en el sector privado, y mayor adiposidad dentro de la administración pública, que inevitablemente se traducirá en menores estándares de vida para los ciudadanos. Pero que, como decíamos, el rejonazo fiscal sea la parte económica más escandalosa del acuerdo no significa que vaya a ser la peor. En cierto modo, estas propuestas ya se hallaban contenidas en el fallido anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 y, hasta cierto punto, eran previsibles. Más preocupantes son otras dos medidas económicas que van a socavar muy intensamente la estabilidad laboral y financiera de España a lo largo de los próximos lustros. Por un lado, la derogación casi absoluta de la reforma laboral de 2012: si bien no hay mención a un encarecimiento del coste del despido, sí se han cargado la pata fundamental de la reforma, aquella que consistía en flexibilizar la negociación colectiva para que nuestras empresas pudiesen absorber rápidamente cualquier shock negativo sin recurrir a despidos masivos. Se restablecerá la ultraactividad de los convenios (lo que permitirá que éstos se sigan aplicando más allá del período para el que fueron pactados), volverá a subordinarse el convenio de empresa al sectorial (de modo que los pactos entre el empresario y los representantes de los trabajadores no podrán enmendar la plana a los caprichos que hayan conseguido imponer sectorialmente los sindicatos) y se impedirá la modificación de las condiciones contractuales en momentos de graves dificultades económicas. En otras palabras, cuando vengan mal dadas, nuestro aparato productivo volverá a destruir empleo: la legislación laboral a la que estamos regresando es, en esencia, aquélla que ha consolidado una tasa de paro media del 17% durante las últimas décadas. Descorazonador. Pero, por otro lado, la irresponsabilidad de ambas formaciones también se extiende hasta sus políticas hacia el sistema público de pensiones: PSOE y Podemos han acordado derogar la reforma de 2013 —suprimir el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Equidad Intergeneracional– sin incluir ninguna medida sobre cómo financiar el agujero resultante (que, a medio plazo, se acercará al equivalente a 65.000 millones actuales). Enterrar una reforma que contribuía a garantizar la sostenibilidad del sistema sin plantear una alternativa que asegure esa sostenibilidad constituye una irresponsabilidad. En definitiva, el acuerdo sube los impuestos, coloca grilletes regulatorios a nuestras empresas y genera un agujero milmillonario en las cuentas de la Seguridad Social. El programa consiste esencialmente en un revanchismo contrarreformista: en deshacer los progresos de los últimos años en materia fiscal, laboral o de pensiones. Mientras la economía siga creciendo y el país cuente con margen para absorber tales despropósitos, puede que no notemos de primera mano los daños más flagrantes. Sin embargo, en cuanto llegue una crisis y nuestras empresas no puedan ajustarse y nuestro sector público genere desconfianza por la deuda acumulada, sufriremos los destrozos ocasionados.