El mayor daño llegará más adelante

El pacto de gobierno entre PSOE y Podemos contiene muchas medidas que dañarán a nuestra economía. Las subidas impositivas son un claro ejemplo de ello: con un IRPF más elevado, con un Impuesto sobre Sociedades más alto o con un tributo específico sobre las transacciones digitales, nuestro país lo tendrá más complicado para generar riqueza. Sin embargo, que nadie espere necesariamente un hundimiento de la actividad a lo largo de los próximos meses: si la economía global apuntala su recuperación (tal como parece que está sucediendo al calor de la resolución del Brexit y del apaciguamiento comercial entre China y EE UU), es muy probable que la economía española se estabilice. A pesar del gobierno socialcomunista. De hecho, las que probablemente sean las dos medidas más dañinas de este acuerdo de gobierno surtirán sus peores efectos cuando nos alcance una nueva crisis económica, no de inmediato.

En primer lugar, PSOE y Podemos quieren derogar el aspecto fundamental de la reforma laboral del año 2012: a saber, la mayor flexibilidad del mercado de trabajo merced a la cual los salarios y el resto de condiciones contractuales pueden adaptarse con rapidez ante un cambio en el entorno económico. De este modo, pretenden regresar a la regulación previa a 2012: aquélla que fue responsable de destruir tres millones de empleos entre 2007 y 2011 y que, de acuerdo con la estimación del BBVA Research, habría laminado aun otro millón adicional de haberse mantenido en vigor entre 2012 y 2014. Nótese, sin embargo, que los efectos de esta rigidez regulatoria sólo se dejaron sentir en España durante la crisis: cuando la economía crecía y los empresarios podían permitirse afrontar aumentos en sus costes laborales, entonces la falta de flexibilidad era poco relevante; en cambio, cuando la economía decrecía y los empresarios necesitaban con urgencia rebajas en sus costes laborales, entonces la falta de flexibilidad se traducía en una destrucción masiva de empleo.

En segundo lugar, PSOE y Podemos también aspiran a derogar la reforma de las pensiones del año 2013, gracias a la cual se reducen a medio-largo plazo los gastos de la Seguridad Social en el equivalente a 3,2 puntos de PIB al año. Lo hacen, además, sin plantear ninguna alternativa para financiar el agujero resultante: gastarán más pero no ingresarán más. ¿Resultado? Poco a poco, la deuda pública irá en aumento. No en vano, 3,2 puntos de PIB de nuevo agujero supondrían más que duplicar el actual déficit del sector público. Nótese de nuevo, sin embargo, que esta medida será especialmente gravosa en el momento en el que entremos en crisis y los mercados financieros vuelvan a desconfiar de nuestra solvencia: hasta entonces, resulta factible –si contamos con el placet de Bruselas, cosa que está por ver– aumentar el volumen total de nuestros pasivos sin que se desaten consecuencias muy adversas.

En definitiva, el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos, más allá de los perjuicios inminentes que vayan a generar las subidas de impuestos, los incrementos del salario mínimo o la creciente intromisión planificadora del Estado en la economía, hipoteca el futuro de España en dos frentes: el laboral y el financiero. Pero esa hipoteca la sufriremos cuando nuestra economía entre en crisis y, por tanto, no contemos con capacidad ni para reajustar nuestro sector empresarial ni para refinanciar nuestra deuda. Pero todo esto le importa bien poco a Pedro Sánchez: lo principal es acceder y mantener el poder caiga quien caiga.