¿Y quién pagará la factura de la coalición?

Una vez completada la investidura, conocido el acuerdo entre PSOE-Podemos y anunciado el plantel del próximo Consejo de Ministros, ya es posible aventurar algunas conclusiones sobre cuáles serán las línea maestras en política económica que desarrollará este Ejecutivo.

l Gasto público: Sánchez e Iglesias se han comprometido a elevar los desembolsos de Educación en un punto de PIB (unos 12.000 millones de euros anuales), los de Sanidad en otro punto de PIB y los de inserción social (particularmente, merced al establecimiento de un ingreso mínimo vital) en cerca de medio punto de PIB. La factura –dejando de lado el apartado de las pensiones, del cual hablaremos a continuación– no es escasa (alrededor de 2,5 puntos de PIB o 30.000 millones de euros por año al concluir la legislatura) y abre serias dudas acerca de cómo va a sufragarse.

l Pensiones: En principio, los compromisos de Sánchez e Iglesias en materia de pensiones generaban muy hondas preocupaciones en todo aquel que conociera de cerca la situación financiera de la Seguridad Social. No en vano, el pacto PSOE-Podemos postula la derogación radical de la reforma de las pensiones del año 2013 sin ninguna alternativa sustitutiva, lo que supondría incrementar a medio plazo el gasto público anual en 3,2 puntos de PIB (unos 40.000 millones de euro en términos actuales). Sin embargo, el nombramiento de José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social aplaca en gran medida tales temores: si finalmente se suprime la reforma de 2013, es seguro que será para reemplazarla por otra que impondrá otros tijeretazos distintos (por ejemplo, elevación de la edad efectiva de jubilación) pero que en todo caso no pondrán en riesgo la viabilidad financiera de esta administración. Unos recortes por otros.

l Impuestos: Si el gasto público sube y se pretenden respetar –aunque sea en líneas generales–nuestros compromisos de déficit con Bruselas, no quedará otra que aumentar los impuestos. En este sentido, el acuerdo PSOE-Podemos ya menciona una primera ronda de sablazos tributarios que iremos padeciendo a lo largo del presente año: aumento del IRPF para las rentas altas, tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades, Tasa Google, Tasa Tobin o fiscalidad verde. Pero la recaudación estimada por todas estas figuras impositivas apenas alcanza el 0,5% del PIB, de modo que o bien no se aumenta tanto el gasto como se ha prometido o bien se incrementan muchos más impuestos de lo que se ha anunciado. Así la cosas, recordemos que el documento programático de PSOE-Podemos busca aproximar la presión fiscal española a la europea, lo que en esencia implicaría subirles muy notablemente los impuestos a las clases medias.

l Empleo: En materia de empleo, el nuevo Gobierno pretende derogar la reforma laboral del PP y elevar el salario mínimo legal hasta los 1.200 euros mensuales (que, en realidad, serían 1.400 euros mensuales si lo prorrateamos en doce pagas). Se trataría de una de las peores medidas que podría adoptar el nuevo Ejecutivo, puesto que contribuiría a elevar la ya de por sí alta tasa de paro estructural de nuestro país. No olvidemos que, por ejemplo, el marco laboral previo al actual (que es al que regresaríamos sin la reforma de 2012) consolidó entre 1980 y 2011 una tasa de paro media del 17%. No obstante, si queremos buscar algún motivo para el optimismo en este capítulo, acaso quepa mencionar dos. Primero, el PSOE también propone aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, algo que, conociendo las habituales tretas y trampas de Sánchez, podría servir para reintroducir de tapadillo algunos de los principales aspectos de la reforma laboral. Segundo, PSOE y Podemos también se han comprometido a crear una «low pay commission», esto es, un comité de expertos que enjuicie anualmente si es prudente o no elevar el salario mínimo: si esos expertos son realmente independientes, es muy probable que terminen vetando nuevos aumentos del SMI.

l Vivienda: Otro de los caballos de batalla del Gobierno socialcomunista será la vivienda. En este sentido, existen dos enfoques posibles: aumentar la oferta o racionar la demanda. El alma socialista del Ejecutivo trata de impulsar medidas que incrementen la oferta (pública) de vivienda, mientras que el alma comunistoide impulsa racionamientos de la demanda a través de controles sobre el alquiler. Si las previsiones se cumplen, durante esta legislatura se autorizará a autonomías y ayuntamientos a que fijen precios máximos a los arrendamientos (lo cual no significa que todas ellas vayan a hacerlo) y, al tiempo, se incrementará la inversión pública en inmuebles. El problema, nuevamente, sigue siendo el de cómo pagamos todo esto.

l Transición ecológica: Por último, una de las señas de identidad del presente Gabinete serán sus políticas ecologistas para «descarbonizar» nuestra economía. No en vano, Teresa Ribera ha sido premiada con una nueva vicepresidencia para resaltar de esta maneroa la relevancia que se le otorga al nuevo reto. Desgraciadamente, y atendiendo el texto pactado por PSOE-Podemos, esta transición ecológica se hará de espaldas al mercado –con planificación e imposiciones estatales sobre cómo deben organizarse las empresas y sobre qué han de consumir los ciudadanos–y, por tanto, se hará a un coste mucho gravoso del que resultaría necesario. En definitiva, pese a la participación de Podemos en el Ejecutivo, la presencia de personas como Nadia Calviño o José Luis Escrivá aporta una cierta salvaguarda de seriedad y credibilidad que probablemente logre evitar la aplicación de políticas económicas desastrosas. Pero esto no significa que la triada socialista de más gasto, más impuestos y más regulaciones no vaya a pasarnos factura. Lo hará.