¿Volveremos a ser intervenidos por Europa?

2019 debería haber concluido con un déficit del 1,3% del PIB. Ese es el compromiso que oficialmente hemos asumido con Bruselas tras haber sido aprobado por las Cortes españolas. El Gobierno, por tanto, quedaba sujeto a ese límite de nuevo endeudamiento: debía gestionar el gasto y los ingresos públicos de tal forma que no se generara un desequilibrio entre ellos superior a ese 1,3% del PIB (algo más de 15.000 millones de euros). El PSOE, sin obtener la preceptiva autorización del Senado, anunció que dejaba de sujetarse al objetivo de déficit del 1,3% y que, en cambio, buscaría alcanzar el 1,8% en 2019. Vamos, que anunció que se saltaría la ley pero no demasiado. En lugar de endeudarnos en unos 15.000 millones de euros adicionales a lo largo de 2019, pretendía hacerlo en 21.000 millones. Algo totalmente indeseable sin seguir los procedimientos previstos para materializar tal cambio pero no escandaloso. Sin embargo, conforme fue pasando el año y se sucedieron dos citas electorales, los socialistas sintieron la necesidad de comprar votos con cargo al dinero del contribuyente: eso, y no otra cosa, fueron los tristemente célebres «viernes sociales». De acuerdo con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas al finaliza el tercer trimestre del año pasado ascendía al 1,47% del PIB, un 26% más que en el mismo período del año anterior. Y habida cuenta de que concluimos 2018 en el 2,54% del PIB, todo parece apuntar a que habremos cerrado el año muy cerca del 3% (lo que constituiría un agujero de 35.000 millones de euros). Además, resulta que el «saldo de la cuenta de operaciones financieras» que publica regularmente el Banco de España ha revelado que las operaciones de nuevo endeudamiento a finales de septiembre ascendieron al 2,9% del PIB. Y si bien es cierto que esta estadística del Banco de España no coincide trimestre a trimestre con el dato que nos proporciona la IGAE, sí lo hace cuando concluye el año. De ahí que resulte harto probable que el déficit al finalizar 2019 haya sido de alrededor del 3% del PIB. El dato es preocupante no sólo porque sea más del doble de nuestro objetivo oficial con Bruselas, sino porque –recordemos– el 3% del PIB es el límite que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para no ser sometidos a un Protocolo de Déficit Excesivo (la famosa «intervención») del que España acababa de salir en 2018.
Y, por si todo lo anterior fuera poco, no olvidemos que el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos contiene promesas explosivas de aumento de los desembolsos públicos sin una adecuada dotación de nuevas figuras fiscales (en lenguaje más llano: aumentan los gastos mucho más que los ingresos). Si 2019 ha sido un muy mal año para el déficit y, a partir de ahora, todo apunta a que vamos a ir a peor, ¿acaso cabe descartar que la Unión Europea vuelva a intervenirnos?
Por desgracia (o tal vez por suerte), no.