¿Deberíamos subir más los sueldos públicos?

El Estado español destinó 127.000 millones en 2018 al abono de las nóminas de los empleados públicos. Habida cuenta de que la plantilla de todas las administraciones totaliza unos 3,2 millones de trabajadores, estamos hablando de que el coste laboral medio por empleado público es de 39.700 euros. Descontando la cotización empresarial (en este caso, estatal) a la Seguridad Social, la remuneración media se ubica alrededor de los 30.500 euros anuales y dado que el salario medio del sector privado ronda los 21.000 euros, hablamos de que el Estado, con los impuestos que sustrae a los contribuyentes, está abonando unos salarios un 45% superiores a los que se perciben en el mercado. Y aunque es verdad que una parte de esta brecha puede explicarse supuestamente por diferencias de cualificación (hay más personal cualificado en el sector público que en el privado) o de horas trabajadas (hay más parcialidad en el sector privado que en el público), no toda la diferencia es atribuible a esos factores. Como poco, existe una brecha del 20% entre los salarios del sector público y los del privado que no es reducible a factores objetivos y que, por consiguiente, es muy probable que se deba a una captura política (presión de las agrupaciones de empleados públicos para elevar sus remuneraciones). En este sentido, es cierto que, tal como ha sucedido en el sector privado, los salarios en el público han estado muchos años congelados, pero no es menos cierto que la brecha público-privada está muy lejos de haberse cerrado pese a esa congelación. O dicho de otro modo, no es que los empleados públicos hayan salido peor parados que el resto de la sociedad a lo largo de la crisis. Así pues, antes de seguir aprobando nuevas subidas del salario de los empleados públicos –ayer mismo UGT reclamaba que en 2021 se revalorizaran sus sueldos por encima del IPC–, deberíamos detenernos y reflexionar sobre la situación financiera de España y las posibilidades reales de satisfacer tales ambiciones. Si cada año gastamos 127.000 millones en nóminas públicas (que después de 2020 serán más de 130.000), por cada 1% que aumenten los salarios, el coste anual adicional crecerá en 1.300 millones de euros, y dadas las estrecheces presupuestarias de nuestro país (concluiremos 2019 con un déficit público cercano al 3% del PIB), tales incrementos deberán sufragarse con mayores impuestos. ¿Y quiénes se harán cargo de esas subidas? No los ricos ni las grandes empresas –cuyo paquete de aumentos impositivos ya ha sido aprobado por el Gobierno con un impacto recaudatorio minúsculo–, sino el resto de trabajadores, es decir, aquéllos que cobran –por factores no justificables– cerca de un 15% menos que los empleados públicos. Mucho me temo que existen otras prioridades presupuestarias en este país antes de continuar elevando el poder adquisitivo de los funcionarios. Los políticos no deberían tomar decisiones según el lobby que más grite y llevan décadas haciéndolo.