La solución no es ampliar el déficit

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende retener para la administración central del Estado la friolera de 2.500 millones de euros de recaudación por IVA que legítimamente les corresponden a las autonomías. No en vano, recordemos que el 50% de los ingresos por IVA, según el vigente sistema de financiación autonómico, le es imputable a los gobiernos regionales: y como hubo unos 5.000 millones de euros de recaudación devengados en 2017 pero cobrados en 2018 como consecuencia de los cambios vinculados a la implementación del «sistema inmediato de información», la mitad de esa cifra deberían entregársele a las autonomías. O dicho de otro modo, las autonomías deberían haber dispuesto en 2019 de 2.500 millones de euros más en ingresos correspondientes a su parte del pastel del IVA de 2017. Pero no han llegado –esto es, el Gobierno se ha negado a transferírselos– y, por tanto, el déficit de las comunidades atribuible a 2019 habrá terminado siendo más grande de lo que debería (incrementará su desequilibrio presupuestario en un 0,2% del PIB). De momento, el Ejecutivo se niega a entregar esas sumas de dinero que, recordemos, son de las autonomías (por mucho que las haya recaudado y gastado el Gobierno central) y, de hecho, la única solución que la ministra se ha dignado a proponerles a los gobiernos autonómicos (incluidos los de regiones socialistas) es retrasar la senda de cumplimiento del déficit hasta el 0,2% en 2020 (en lugar del 0,1%) y el 0,1% en 2021 (en lugar del 0%). Pero ésta no es una solución satisfactoria para nadie. Primero, porque ese dinero que Montero se niega a transferir es de las autonomías, de modo que éstas no tienen por qué contentarse con reemplazar ingresos no financieros por deuda; segundo, porque el endeudamiento no es gratuito, esto es, si las autonomías aceptan un mayor volumen de pasivos por importe de 2.500 millones de euros, en unos años tendrán que pagar entre 50 y 75 millones más de intereses al año; y tercero, porque el Gobierno PSOE-Podemos está obsesionado con poner coto a la «autonomía fiscal» de los gobiernos «autonómicos», a saber, está obsesionado con impedir que las regiones gobernadas por el PP sigan bajando impuestos y poniendo en evidencia al resto de administraciones que prefieren mantener una presión tributaria elevada. A este último respecto, dos de las herramientas que este Ejecutivo no ha tenido remilgos en promover han sido la intervención directa de las cuentas de aquellas autonomías con demasiado déficit o demasiada deuda y la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así las cosas, cualquier incremento del déficit y de la deuda de las autonomías le servirá en el futuro al Gobierno PSOE-Podemos para avanzar en sus ofensivas contra la competencia fiscal interautonómica: y esa competencia fiscal ha sido uno de los pocos elementos que hasta la fecha nos ha protegido de la expansiva rapiña del sector público.