Opinión
El Gobierno se incumple a sí mismo
El Gobierno PSOE-Podemos acaba de aprobar su primera senda de estabilidad presupuestaria. En este sentido, conviene comenzar recordando algo que en demasiadas ocasiones se olvida: esta senda no es una previsión sobre cómo el Ejecutivo espera que evolucione el desequilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, sino que constituye un compromiso que el Gobierno asume con la ciudadanía y con Bruselas para ajustar sus cuentas a tales límites de endeudamiento. Conviene, como decía, recalcar que se trata de compromisos, y no de deseos o previsiones, porque esta nueva senda de estabilidad presupuestaria se edifica sobre el incumplimiento flagrante de la anterior. No estamos ante una mera actualización que traslade el itinerario marcado por las sendas pasadas hacia el futuro, sino ante una que rectifica y enmienda la que estaba actualmente vigente. ¿Y en qué sentido rectifica y enmienda la senda anterior? A la postre, hay dos grandes formas de corregir el déficit: o acelerando su reducción o frenándola. La primera supone estrechar el desequilibrio presupuestario de manera más temprana, saneando la carga financiera que recae sobre los contribuyentes. La segunda, perpetuar el desequilibrio agrandando la carga financiera que recae sobre los contribuyentes. De manera poco sorpresiva, el Gobierno PSOE-Podemos ha optado por rectificar la senda anterior –y, por tanto, por incumplir los compromisos adoptados por el Gobierno de España– para retrasar la reducción del déficit. En particular, si debíamos haber alcanzado la estabilidad presupuestaria en 2022, ahora el Ejecutivo anuncia que ambicionará un déficit del 1,2% del PIB para ese ejercicio. Quince años después de arrancada la crisis, todavía arrastraremos el déficit público. De ahí que, al contrario de lo que ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se trata de una senda de déficit «más prudente y realista» sino más irresponsable y manirrota. Sobre todo si tenemos presente que, junto a esa «relajación», el Ejecutivo también ha revisado sus expectativas de crecimiento para los próximos años. En 2020, no nos expandiremos al 1,8%, sino al 1,6% y, en 2021, al 1,5%; un estancamiento que también se manifestará en una tasa de paro que, según el propio Ejecutivo, se mantendrá enquistada por encima del 12% hasta 2023. Menor crecimiento, menor creación de empleo pero, al mismo tiempo, mayor deuda. Nos volvemos más frágiles y, pese a ello, asumimos más cargas financieras futuras. No, la política económica de este Gobierno no está siguiendo el camino correcto. En lugar de tomar el toro por los cuernos y flexibilizar la economía para impulsar nuestro crecimiento, se encoge de hombros e inicia una estrategia contrarreformista que minará todavía más nuestro crecimiento. En lugar de respetar los compromisos asumidos con Bruselas, y de meter la tijera en el presupuesto para cuadrar las cuentas, pretende endeudarse aún más con el propósito de disparar el gasto público. Puede que la ralentización que estamos experimentando tenga un fuerte componente externo, pero la contribución de este Gobierno a profundizar en ella va siendo cada vez mayor.
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