Opinión

13-A: ¿Regreso a la normalidad?

A partir de este lunes, todos aquellos empleados incluidos dentro de la categoría de «servicios no esenciales» volverán a sus puestos de trabajo. Se trata de la primera fase en la normalización de nuestra vida social tras la brutal disrupción que ha supuesto la pandemia que estamos padeciendo y su objetivo es bastante fácil de entender: contener el colapso de la economía. A la postre, con el nivel de confinamiento vigente hasta el día de hoy, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral permanecía encerrada en sus hogares; tras el levantamiento de esta restricción y el regreso a sus ocupaciones de todos los trabajadores en «servicios no esenciales», el confinamiento continuará afectando a aproximadamente la cuarta parte de toda la fuerza laboral (la cual permanecerá en una situación de suspensión temporal de empleo mientras no concluya el estado de alarma).

Ahora bien, por importante que pueda ser desde un punto de vista social y económico el levantamiento parcial de las restricciones, la cuestión de fondo sigue siendo cuándo pondremos fin a todas ellas con las suficientes garantías como para no reinfectarnos. Al cabo, tengamos muy presente que, aun cuando durante las próximas semanas consigamos reducir el número de nuevos contagiados a una cuantía muy reducida, siempre persistirá el riesgo de que vuelva a producirse un estallido de nuevas infecciones que nos fuerce a volver a paralizar la economía. Es cierto que, en la medida en que hayamos generado inmunidad comunitaria (que muchos ciudadanos hayan sido infectados y hayan superado la enfermedad, algunos incluso sin ser conscientes de ello) los rebrotes no tendrían por qué ser tan traumáticos como el experimentado durante el último mes, pero aun así sigue persistiendo el riesgo de que volvamos (parcialmente) a las andadas.

¿Cómo garantizarnos que podamos volver a la normalidad y, por tanto, a poner en marcha nuevamente la economía sin correr el riesgo de reinfección? Sólo hemos de emular el modelo que han seguido en Corea del Sur y otros países asiáticos. Por un lado, se hace necesario ampliar la capacidad hospitalaria de respiradores para así evitar que cualquier reinfección sature el sistema sanitario antes de que tengamos capacidad para reaccionar. Por otro, resulta indispensable que practiquemos tests masivos sobre la población para detectar tempranamente a los contagiados como paso previo a aislarlos y a poner bajo vigilancia a sus contactos. Asimismo, también requerimos de cantidades ingentes de mascarillas para minimizar el riesgo de transmisión en todo aquel renovado contacto social que resulte indispensable tras el levamiento del estado de alarma. Es decir, detectar, prevenir y paliar.

La propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gónzalez Laya, reconoció en una reciente entrevista en la BBC que ésta era la estrategia del Gobierno a partir de ahora: 1. Uso generalizado de mascarillas y geles desinfectantes. 2. Tests masivos para detectar a los contagiados asintomáticos. 3. Utilización de la tecnología para trazar los contactos. El plan del Gobierno es acertado pero falla en un punto clave: no tenemos ni mascarillas, ni geles, ni tests suficientes como para ponerlo verdaderamente en práctica. Tras casi un mes de estado de alarma, el Ejecutivo de PSOE-Podemos no ha sido capaz de hacer acopio de los medios que necesitamos para poder poner fin, sin grandes riesgos, al confinamiento. Prefieren dedicarse a establecer controles de precios y a requisar los pocos inventarios internos que a importarlos a sus precios de mercado con absolutas garantías para los vendedores. Sus políticas generan escasez, retrasan la superación del estado de alarma y, en definitiva, nos empobrecen a todos.