Un error por partida doble

La «tasa Google» que ha aprobado el Gobierno, y que pretende activar a finales de este año, es una mala idea por un doble motivo. Primero porque lastrará la digitalización de nuestra economía. APedro Sánchez le encanta repetir que uno de los ejes programáticos de su Ejecutivo es potenciar la digitalización de España, pero claramente es un sinsentido pretender impulsarla al tiempo que sableas fiscalmente a las grandes tecnológicas, que están contribuyendo a digitalizar nuestra actividad económica –Google y Facebook han abaratado la publicidad on-line segmentada; y Amazon ha proporcionado la infraestructura a muchas pymes para empezar a operar en todo el planeta–. Debería ser justo al contrario. Si de verdad queremos digitalizar nuestra economía, lo que deberíamos hacer no es perseguir a aquellas grandes tecnológicas que osen instalarse en nuestro país, sino acogerlas con un marco regulatorio y fiscal atractivo. Por otro lado, la «tasa Google» también es un despropósito por las circunstancias geopolíticas en las que se produce. Quien gobierna en

EE UU ahora mismo es Donald Trump, un presidente que se ha caracterizado por usar los aranceles como baza negociadora para conseguir sus objetivos. Por consiguiente, lo que cabía esperar de este nuevo impuesto es que provocara aquello que finalmente ha terminado provocando: amenazas de represalia por parte de Estados Unidos contra España. La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos acaba de abrir una investigación contra diversos países –entre ellos, España– a los que acusa de estar estableciendo un arancel encubierto contra las grandes tecnológicas estadounidenses. El argumento no es totalmente infundado. Aunque en principio la «tasa Google» no discrimina entre las compañías en función de su origen, prácticamente todas las grandes tecnológicas son estadounidenses, de modo que, a efectos prácticos, equivaldría a gravar a empresas estadounidenses. Y si finalmente se nos condena por ello, EE UU castigará a nuestros empresarios con aranceles a sus productos. En suma, no sólo desincentivaremos la inversión en digitalizar la economía española, sino que además arruinará a muchos de nuestros exportadores. Que tras la mayor crisis económica desde la Guerra Civil nos estemos planteando la aprobación de un impuesto –con escaso potencial recaudatorio– que lesionaría muy gravemente nuestra capacidad de crecimiento futuro es un completo despropósito. No vayamos por ese camino.