El riesgo está en la «nueva normalidad»

Nos acercamos a la «nueva normalidad», un estadio de remembranza mágica que ha sido utilizado por el Gobierno para referirse a ese momento en el que volverá a realizarse la misma vida antes de la epidemia del coronavirus, pero dejando entrever que esa «normalidad» sería «nueva», tal vez diferente. Ni ellos mismos saben cómo será, puede que nadie. Nadie creyó a Angela Merkel cuando, el pasado 11 de marzo, dijo que había que tomar conciencia de que el «coronavirus ha aterrizado en Europa, está aquí», que un 70% de los alemanes podrían contagiarse. Se refería a que si la población no es inmune al virus –España no lo es: sólo un 5,2% es inmune, según el estudio de seroprevalencia presentado el jueves– y todavía no hay terapias ni vacuna, su propagación continuará. Lo único que se puede hacer, que en definitiva es lo que se ha hecho, es evitar la movilidad en lo posible y no saturar el sistema sanitario para que los infectados puedan ser atendidos con todos los paliativos. Por lo tanto, todo indica que la «nueva normalidad» será convivir prudentemente con la Covid-19 hasta que no se encuentre una vacuna que, tal y como afirman los virólogos, puede tardar diez años en una situación normal (en realidad, sólo hay 26 enfermedades con vacunas, según los datos de la OMS).

La alarma puede llevar al optimismo, esas decenas de miles de muertos en países hasta ahora acostumbrados a la asepsia colectiva pesan mucho, pero a los especialistas les gusta recordar que Estados Unidos anunció en 1985 que en dos años tendrían una vacuna para el sida y todavía no existe. Es decir, el riesgo, se esté o no a las puertas de la «nueva normalidad», previsiblemente para el próximo día 22, es real. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer que a partir del lunes 12 autonomías y dos a medias, es decir, un 52% de españoles, entrarán en Fase 3, mientras que el 48% avanzarán hasta la Fase 2 (Cataluña, Castilla y León y Madrid). Esta decisión supone, según avanzó el ministro, que los gobiernos regionales serán los que decidan las medidas que deberán tomarse para moverse dentro de la misma comunidad y, llegada la «normalidad», el traslado de personas entre autonomías diferentes. Lo paradójico es que el Gobierno se salte la legislación que regula el estado de alarma; en concreto, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma de 1981. Pedro Sánchez nos ha demostrado cada quince días que esta medida excepcional le ha servido para exhibir los apoyos de su Ejecutivo y escenificar una fortaleza de la que carece, aunque no fuese necesario la excepcionalidad teniendo otras legislaciones. Queda claro que pactar con ERC y PNV –además de con Cs– la prórroga del estado de alarma sólo tenía esa función política, si a continuación se iba a devolver a las comunidades su poder de decisión. Es decir, cada una de ellas regulará la movilidad e, incluso llegada la «normalidad», la movilidad interterritorial.

Las explicaciones de ayer de Illa fueron ambiguas, y no esperamos que la comparecencia habitual de cada sábado de Sánchez las aclare, pero según la experiencia en otros países durante la Fase 2 el virus todavía es «trazable», es decir, se puede saber en origen de los pacientes infectados. Sin embargo, en la Fase 3 se empieza a perder el seguimiento del recorrido del contagio, lo que obligaría a tomar medidas más restrictivas en lo que se refiere a aforos en locales, aglomeraciones en actos públicos y seguir con cuarentenas en colegios y centros de trabajo. Por contra, el Gobierno está transmitiendo lo opuesto por un exceso de optimismo, pero no basado en lo avanzado en otros países donde el virus ha atacado con menos virulencia. La prueba es que cara al turismo, nuestros vecinos de la UE siguen viendo con resquemor venir a España, estemos no en la «nueva normalidad».