Libertad económica municipal

A diferencia de lo que sucede en otros países más prósperos como Suiza, Reino Unido o EE UU, el grado de descentralización competencial hacia nuestros municipios es bastante modesto. Quienes han copado gran parte de las funciones anteriormente desempeñadas por la Administración central han sido las comunidades autónomas, pero no de un modo apreciable los ayuntamientos. En su momento, hace ya unos 20 años, José María Aznar propuso una segunda descentralización que traspasara competencias desde los gobiernos autonómicos a las corporaciones locales, pero finalmente el proyecto quedó en nada. Pero que los ayuntamientos posean escasas competencias no es excusa para que, dentro de su reducido margen de maniobra, no generen el entorno más amigable posible para el desarrollo de la actividad empresarial. En este sentido, la Fundación para el Avance de la Libertad ha publicado su Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas y el resultado, como suele suceder cuando tratamos de medir el respeto de cualquier nivel administrativo español hacia la libertad, es realmente decepcionante. De las seis grandes ciudades españolas –Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga–, sólo una de ellas (Málaga) consigue un aprobado raspado en el índice (un 5,77 sobre 10), mientras que el resto suspenden en algunos casos con bastante claridad: Madrid (4,58), Barcelona (4,23), Valencia (4,45), Zaragoza (4,92) y Sevilla (4,65). Las ciudades que, por el contrario, obtienen mejor puntuación son Alicante (6,2), Almería (6,17), Vigo (6,13), Santa Cruz de Tenerife (5,9) y Oviedo (5,82). Pero, ¿a qué se deben estas dispares calificaciones? El índice está compuesto por cuatro indicadores que impactan directa o indirectamente sobre la libertad económica: desempeño económico municipal (magnitud del presupuesto, volumen del endeudamiento, morosidad del consistorio, empresas radicadas en la localidad o subvenciones municipales), tamaño de la plantilla municipal (plantilla total, plantilla policial y gasto salarial), intervencionismo municipal (empresas públicas municipales y externalización privada de servicios municipales) y fiscalidad (recaudación total, multas, IBI por habitante, gravamen del IBI, IVTM, IEA y zona azul). En este sentido, por ejemplo, la ciudad de Madrid obtiene sus peores puntuaciones por culpa del tamaño de la plantilla municipal y, sobre todo, de la presión fiscal. Lógicamente, se trata de dos problemas interrelacionados –a mayor cantidad de empleados públicos, más impuestos son necesarios para financiarlos– y que en parte son heredados de equipos de gobierno anteriores –no sólo Carmena sino también Gallardón–. En cambio, Barcelona califica fatal en las áreas de intervencionismo municipal y de impuestos, lo que pone de relieve la obsesión de Ada Colau por un control directo de los servicios municipales –aun cuando ello redunde en mayor coste y peor calidad para los barceloneses–. En definitiva, el Índice de Libertad Económica Municipal debería servir como guía para que los alcaldes españoles preocupados por el bienestar de los ciudadanos emprendan una agenda reformista. En el actual contexto de crisis económica, resulta especialmente urgente.