Abuso de poder

La validez jurídica de un estado de alarma de seis meses resulta harto dudosa. A la postre, la Constitución establece un plazo máximo para el estado de excepción de 30 días prorrogables por otros 30 (a lo sumo), de manera que casaría claramente mal con el espíritu de la Carta Magna el que un estado de alarma, aprobado para situaciones menos gravosas que el estado de excepción, se prolongara más que un estado de excepción. Pero, desde luego, el mayor problema de un estado de alarma prolongado durante seis meses no es ya jurídico sino sobre todo político: normalizar lo que debería ser anormal, a saber, unas potestades extraordinarias en favor del poder ejecutivo sin una continua evaluación y fiscalización por parte del poder legislativo. El legislativo constituye siempre un contrapeso imprescindible para la acción del gobierno (de ahí la lógica de la separación de poderes), pero ese contrapeso es especialmente relevante y necesario en momentos en los que el Ejecutivo cuenta con competencias excepcionales. Poderes extraordinarios requieren de controles igualmente extraordinarios: controles para garantizar que el ejecutivo no va a abusar de tales poderes extraordinarios con propósitos distintos a aquéllos para los que le fueron otorgados y controles para garantizar que no han desaparecido las circunstancias excepcionales que justificaron semejante transferencia de poder. Pero Sánchez e Iglesias han buscado desesperadamente desde un comienzo sustraerse al control del Congreso (incluso propusieron ayer que la monitorización del estado de alarma corriera a cargo del Consejo de Política Interterritorial, puenteando así al Parlamento) y, al final, parece que van a lograrlo hoy: aprobar un estado de alarma de seis meses de duración (de modo que el Congreso no volverá a votar sobre él a lo largo de todo este periodo) con el único deber de informar a sus señorías cada dos meses. Estamos acostumbrándonos aceleradamente a renunciar a nuestras libertades para combatir esta pandemia: y aun cuando pueda estar justificado limitar temporalmente ciertas libertades para combatir el virus (y por tanto salvar vidas), lo que desde luego no está justificado es que esa limitación no cuente con las máximas garantías institucionales que minimicen el riesgo de abuso de poder. Y no cuenta con ellas.