El castellano, fuera de la ley

Ismael jamás pensó que un gobierno tuviera la osadía de utilizar la cultura como moneda de transacción política. No posee una gran formación, de esas que permiten exhibir conocimientos y un criterio universal sobre todas las cosas, pero conoce y cultiva su lengua, el castellano, y aspira a expresarse cada vez mejor en las otras que en su país tienen también categoría de oficial. Le resulta grata la redonda sonoridad del catalán y la áspera musicalidad del euskera. Entiende el gallego, porque es asturiano del occidente y allí la fala se parece mucho al hablar de los vecinos. Ha oído que en Aragón cierran también con la «u», y disfruta cantando «tonaes» en el bable que mamó desde crío. Tiene motivo para sentirse orgulloso de esa riqueza de lenguas y dialectos que explora y disfruta, porque son herencia de un pasado abundante en culturas y mestizaje. Por eso intenta asomarse a todas. Por eso le gusta escucharlas y trata de aprender.

Siempre pensó que instruirse en lenguas ajenas era una forma de ampliar horizontes culturales, como lo es descubrir en cada lectura, en cada atenta conversación, giros nuevos y posibilidades de la propia. Conocer nuestra lengua nos enriquece. Abrirnos a las demás nos hace universales.

A Ismael todo esto le parece de sentido común, una obviedad que sería ocioso tener que plantearse, pero no puede evitar hacerlo ante la noticia de que un gobierno que representa a una nación y está formado por personas de cierta cultura y principios, ha sido capaz de arrebatar terreno a su propia lengua para obtener a cambio rédito político.

Sólo así entiende que haya retirado de una ley educativa que él mismo aprobó la frase «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», que es algo obvio que se ajusta a la Constitución y el sentido común, para sustituirla por esta otra: «Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», que suena bonito, pero en realidad significa que ya no es lengua vehicular, que deja de ser oficial y obligatoria a efectos educativos. Que el castellano queda en las escuelas fuera de la ley, para entendernos.

Cierto es que al menos en Cataluña el castellano llevaba tiempo como escondido, semiclandestino. A cuenta de la denominada inmersión lingüística, vendida como la necesaria preeminencia del catalán sobre el castellano para compensar la histórica y pertinaz marginación de la lengua catalana, hacía ya tiempo que se incumplía la doctrina del Supremo y el Constitucional de impartir al menos el 25 por ciento de la enseñanza pública en castellano. Pero el independentismo no tenía bastante con la desaparición real de esa lengua «invasora», necesitaba borrarla, reventar cualquier posibilidad de que ocupase el más pequeño espacio cultural o educativo presente y futuro. ¿Qué es eso de que la pluralidad lingüística es enriquecedora? No per a nosaltres. Atento a esa inquietud y otorgando prevalencia a su política sobre la cultura de su país, a su supervivencia presente sobre nuestro futuro, el gobierno decide ajustar la Ley a la realidad del concepto cultural del independentismo en vez de adoptar la posición inversa, que sería la responsable. Podía haber exigido su cumplimiento, pero eso en la España de hoy sería impensable. Supondría un ejercicio de altura política e institucional muy lejos del alcance de este gobierno.

Dice la oposición que va a recurrir y quizá tenga éxito. Pero piensa Ismael que esto no es un asunto de izquierdas, derechas, centro o nacionalismo. Es una cuestión cultural. Y tiene enormes repercusiones a medio y largo plazo.

Que haya niños en España que no vayan a estudiar ni una palabra en castellano es una barbaridad de dimensiones épicas. Que la lengua que hablan en el mundo 600 millones de personas, en la que está escrita la mayor obra de la literatura universal, vaya a ser desconocida por un abultado puñado de escolares no sólo los hará más ignorantes: en su compañía perderemos también quienes, como Ismael, creen que la lengua no separa, sino que une y que conocer las nuestras y las vecinas nos hace más ricos, mejores personas. No hablamos de política, es un bajonazo cutre e irresponsable a la Cultura con mayúsculas.

Y no vale que digan que exageramos al temernos lo peor, porque el texto de la ley deja escrita la garantía del derecho a estudiar en castellano. Vale, muy bien. Pero si no ha habido gobierno que haya exigido esa garantía cuando existía la exigencia legal, ya me dirá usted ahora que ésta ha sido borrada de un plumazo y el independentismo más cerrado y paleto se crece a la vista del éxito obtenido, quién va a exigir criterio y sensatez.

Han vencido a la cultura la codicia política y la palurda zafiedad del nacionalismo más cerrado.

Ismael escucha en la radio cómo Sánchez afirma que los nuevos presupuestos serán los del acuerdo y la victoria de España. Pero piensa que a su costa y como pago, habrá que consignar la derrota y humillación del idioma español.