Madrid, la región más competitiva fiscalmente

Cada año, la Fundación para el Avance de la Libertad publica su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Se trata de una clasificación de las regiones españolas en función de su mayor o menor atractivo fiscal en cinco ámbitos tributarios que son específicos de cada una de esas regiones: IRPF autonómico, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y los impuestos propios que hayan podido crear. O dicho de otra manera, no se evalúan impuestos como el de Sociedades, el IVA o las cotizaciones sociales por ser su regulación común a todas las autonomías. La posición que ocupa cada autonomía depende de tres criterios: neutralidad impositiva (que cada tributo genere las menores distorsiones posibles), sencillez (que no sea una figura fiscal de profusa regulación) y confiscatoriedad (que el tipo impositivo no sea alto).

Tradicionalmente, los regímenes fiscales que ocupaban las primeras posiciones del ranking eran las provincias forales vascas, dado que su autonomía económica superior a la del resto de regiones españolas les permitía configurar un entorno impositivo muy atractivo. Pero en 2020, por primera vez desde que se elabora el índice, la comunidad que encabeza esta clasificación es la Comunidad Autónoma de Madrid, esencialmente por no contar con Impuesto sobre el Patrimonio (ocupa en este tributo la primera posición del ranking), por un Impuesto de Actos Jurídicos Documentados más bajo que el resto (se ubica en la segunda posición) y, finalmente, un IRPF autonómico y un Impuesto sobre Sucesiones bastante competitivos (en ambos casos ocupa la cuarta posición). En cambio, Madrid puntúa bastante mal en el área de tributos propios, pues cuenta con cuatro de ellos (tarifa de depuración de aguas residuales; impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados; impuesto sobre depósito de residuos y recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas), frente al País Vasco que no soporta ninguno en ninguna de sus provincias. Fijémonos que aquellos tributos que le confieren a Madrid mayor competitividad frente al resto son los que el Gobierno, de la mano de ERC, está pensando en armonizar al alza con el propósito, precisamente, de restarle atractivo fiscal a la región que hoy por hoy es la más competitiva fiscalmente de España. Acaso sea porque Cataluña ha pasado a ocupar la última posición de este ranking: obtiene una de las peores puntuaciones en IRPF autonómico (posición 17), en Patrimonio y Sucesiones (posiciones 16 y 15) y la peor en tributos propios (posición 19) por castigar a los catalanes con hasta 16 figuras impositivas propias. Por lo visto, la forma de volver atractiva Cataluña a la inversión no es bajando sus impuestos, sino obligando a Madrid a subir los suyos.