Errejón, el confiscador

Criticaba recientemente Íñigo Errejón que el Estado vaya a pagar el alquiler y los gastos corrientes de aquellos grandes propietarios de inmuebles a los que se les ha prohibido desahuciar a sus inquilinos. A juicio del líder de Más País, «papá Estado» está acudiendo al rescate de estas grandes empresas para sacarles las castañas del fuego: como ya sucediera antaño con cajas de ahorros, autopistas o aerolíneas, el sector privado recurre al Estado siempre que tiene problemas. Y si bien es cierto que, como ya denunciara Adam Smith, los empresarios en demasiadas ocasiones intentan instrumentalizar las regulaciones estatales para obtener privilegios anticompetitivos, en este caso el reproche no es en absoluto apropiado. A la postre, no se trata de que los grandes arrendadores de vivienda estén experimentando dificultades porque hayan tomado malas decisiones de inversión, sino porque el Gobierno de PSOE-Podemos les ha prohibido desahuciar a muchos de sus inquilinos pese a que éstos estén incumpliendo su parte del contrato de arrendamiento. O dicho de otro modo, las pérdidas de esos grandes arrendadores proceden de una arbitraria decisión política que vulnera los principios generales del derecho («el pacta sunt servanda» que tanto le gusta repetir últimamente a Iglesias a cuenta de los compromisos suscritos por la coalición de gobierno). Y si es el Ejecutivo quien ha optado por limitar arbitrariamente los derechos de una de las partes, lo lógico será indemnizarla: en caso contrario –que es lo que parece que le gustaría a Errejón y, desde luego, también a Podemos– estaríamos ante una expropiación sin compensación, es decir, ante una confiscación. Si el Estado desea hacer política social en materia de vivienda –evitando, por ejemplo, que personas sin recursos permanezcan desahuciadas–, lo que debería hacer es transferirles temporal y condicionalmente renta a esas personas para que puedan abonar ese u otro alquiler similar que les permita encontrar cobijo. Lo que no tiene ningún sentido es que el Estado cargue el coste de esa política social sobre los hombros de los arrendadores, prohibiéndoles desahuciar a quien no pague sin ninguna indemnización a cambio. Pero esa falta de sentido moral y económico es, en última instancia, lo que caracteriza al programa electoral de la extrema izquierda.