Contra la Tasa Tobin

Este lunes entró en vigor la (mal llamada) Tasa Tobin: un nuevo tributo que, en realidad, ni es una tasa ni fue propuesta por el Premio Nobel James Tobin. No es una tasa dado que no va asociada a ninguna contrapartida directa que recibamos del Estado: es en realidad un impuesto más, cuya base imponible estará constituida por el valor de las acciones adquiridas. Tampoco es un tributo impulsado por James Tobin: lo que en realidad propuso este economista fue un impuesto sobre la compra de divisa extrajera para evitar las salidas súbitas de capital de un país, las cuales empujan a los Estados a disparar los tipos de interés dañando sus economías internas. De ahí que el nombre coloquial de este nuevo gravamen no resulte correcto y, por tanto, convenga referirse a él por su denominación oficial de «Impuesto sobre las Transacciones Financieras». ¿En qué consiste esta nueva figura fiscal? Pues en gravar con un 0,2% la compra de acciones que coticen en España y que formen parte del capital social de una empresa con capitalización superior a los 1.000 millones de euros. En pocas palabras, que quien compre acciones de Inditex, de Telefónica o del BBVA por 10.000 euros, deberá pagar (además de las pertinentes comisiones bancarias) 20 euros al Fisco español. Probablemente al lector le parezca una cantidad minúscula y desde luego lo es para el inversor a largo plazo. Pero en el mercado de valores no sólo operan quienes desean invertir a largo plazo, sino también quienes invierten a muy corto plazo, buscando pequeñas rentabilidades sobre un capital elevado. Por ejemplo, un capital de 10 millones de euros que amase una rentabilidad del 0,4% en un día habrá ganado 40.000 euros. Este nuevo tributo erosionará fuertemente la rentabilidad de este tipo de operaciones a corto plazo (en el ejemplo anterior, la mitad de la rentabilidad sería absorbida por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras), con el consecuente efecto desincentivador. No por casualidad, algunos de los impulsores de este gravamen aluden a que limitará los movimientos especulativos en bolsa, con lo que conseguirá minimizar las fluctuaciones de las cotizaciones dentro del mercado de valores. Pero este argumento es peligroso: la facilidad que existe en los mercados para adquirir y disponer de acciones depende del número de operadores que efectúan regularmente operaciones. Si las transacciones a corto plazo son intensamente penalizadas, las acciones se volverán menos negociables: es decir, todos los demás ciudadanos tendremos que pagar un sobreprecio si tenemos prisa por comprarlas y habremos de aceptar un sobredescuento si tenemos prisa por venderlas. El riesgo de que el mercado se seque no es desdeñable (de ahí que el impuesto se haya limitado al 0,2% y sólo afecte a compañías con un elevado volumen de negociación) y no llega en el mejor momento: nuestra economía necesita recapitalizarse y restar negociabilidad a los mercados financieros es una forma de obstaculizar este imprescindible proceso.